El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
«Renovarse o morir». Lo dijo Inés Arrimadas en su estreno como portavoz nacional de Ciudadanos en enero de 2017. La entonces líder de la oposición en Catalunya inauguraba un nuevo capítulo en la historia del partido tras unos años de expansión acelerada a nivel nacional, un crecimiento que no llevó aparejada la aparición de líderes territoriales con influencia en el partido, a diferencia de los modelos de PSOE y PP.
Albert Rivera nunca quiso barones. «Cuando se generan baronías es porque se tienen distintos discursos en toda España, y no es el caso de Ciudadanos», advirtió entonces el que fuera presidente de la formación en una entrevista.
Albert Rivera presentó su dimisión al frente del partido , y dejó la actividad política, el 11 de noviembre, horas después de conocerse los malos resultados cosechados en las generales del 10-N, cuando los naranjas dejaron caer el 60% de su capital electoral del 28-A y el 82% de su representación parlamentaria.
Dos años después, y a las puertas del cónclave que completará la sucesión de Rivera con la renovación de las estructuras del partido, Inés Arrimadas está dispuesta a reformar Ciudadanos para permitir que los líderes territoriales ganen peso. Sus primeros pasos al frente de la formación demuestran que planea un proyecto autónomo y diferenciado del que abanderó Albert Rivera. Pero, al igual que su antecesor, también recela de las baronías.
La única aspirante, hasta el momento, para liderar a los liberales se abre a estudiar la demanda que recorre el partido para que las organizaciones regionales tengan más voz pero no más autonomía. Su objetivo es que Ciudadanos no acabe «convertido en un conjunto de diecisiete PSCs», aseguran desde su entorno.
Pero entre esta fórmula y la de absoluta centralización en el funcionamiento interno como ocurre ahora, existen posiciones intermedias que, previsiblemente, serán las que defenderán diversos líderes regionales en el cónclave.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea o su homólogo en Andalucía, Juan Marín, son los dirigentes que reclaman más independencia y peso de los territorios en la dirección que salga del congreso de marzo. Aunque no obtuvieron representación en la gestora que pilotará el partido hasta entonces, fuentes de Ciudadanos en esos territorios confían en que esa representación se materializará en la dirección que encabece Inés Arrimadas. «Hay que acabar con eso de que todo lo deciden seis personas de Barcelona», reconocen las voces más críticas.
Control desde Madrid
La formación naranja nació en 2006 como un partido estrictamente catalán, concretamente centrado en la lucha contra la inmersión lingüística, y se expandió en 2015 por todas las comunidades. La secretaría de organización, con Fran Hervías a la cabeza, diseñó entonces la estructura de la formación y su estrategia de implantación nacional con la idea de blindarse contra la aparición de baronías territoriales.
Los estatutos de Ciudadanos limitan de hecho los comités autonómicos a «órganos de ejecución y coordinación que siguen las decisiones y directrices emanadas de los órganos centrales de gobierno del partido». Es decir, ninguna decisión que atañe al partido en Murcia o Andalucía se toma allí, sino en Madrid.
Aunque Arrimadas considera que son necesarios «cambios» en la organización, y apuesta por que los líderes autonómicos adquieran «mayor protagonismo» en esta nueva etapa, insiste en que Ciudadanos tiene que defender el mismo discurso en toda España y que a nivel nacional se debe supervisar lo que se hace en los territorios.
En el partido se abre paso además la reclamación de que los líderes autonómicos y provinciales, y no sólo los candidatos electorales, sean elegidos en primarias. «Las agrupaciones locales y autonómicas conocen mejor que a nadie sus municipios y regiones, y ellas tienen que elegir a sus representantes», remarcan desde Compromiso Ciudadano. Esta plataforma, que se ha organizado para reclamar a Inés Arimadas un mayor protagonismo de las bases, defiende que la dirección nacional no debe usar a estas agrupaciones «como moneda de cambio o para colocar paracaidistas». «Solo debe velar –aseveran– por que se cumpla el programa y el ideario».
