Bruselas avisa al Gobierno de que vigilará su plan contra las ‘fake news’

No prejuzga, pero se mantiene «al tanto». Y eso en la fina terminología de Bruselas es un aviso a navegantes. El plan del Gobierno de Pedro Sánchez para actuar contra la desinformación, que incluye la «monitorización» de contenidos en medios de comunicación y plataformas digitales para evitar una hipotética «difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos», según la disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha puesto ya en alerta a la Comisión Europea.

Uno de sus portavoces, Johannes Bahrke, confirmó ayer que la iniciativa de Moncloa, rechazada por la oposición y que genera recelo en los propios medios y en colectivos profesionales de periodistas (la AMI y la FAPE ya han exigido aclaraciones, ver despiece), está siendo estudiada por el Ejecutivo comunitario. «Esta orden se ha puesto en marcha basándose en la legislación de emergencia (frente al coronavirus) y, como ustedes saben, la Comisión está vigilando la aplicación de medidas de emergencia por parte de todos los Estados miembros durante esta pandemia».

El portavoz Bahrke daba esa respuesta a una pregunta específica sobre la medida española, ratificando así que está a examen. En el contexto de esa supervisión general de las acciones de todos los gobiernos europeos contra el coronavirus, pero bajo la lupa. Un aparente nuevo tropiezo del Gobierno de coalición con Bruselas, que hace apenas dos semanas daba un toque de atención al frustrado intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que PSOE y Unidas Podemos pretendieron imponer sin contar con el principal partido de la oposición. Entonces cayó como una losa aquel «seguimos de cerca» con el que se despachó otro portavoz del equipo de comunicación de Ursula Von der Leyen. La misma longitud de onda en lenguaje diplomático que ese «al tanto» que envuelve la disposición contra las fake news. ¿Y hacia dónde se orienta esa vigilancia? La propia presidenta Von der Leyen ha insistido en varias ocasiones en que todas las medidas que pongan en práctica los Estados miembros durante estos meses complejos por la celeridad de responder en distintos flancos a las emergencias del patógeno, han de ajustarse al respeto a los «valores fundamentales que rigen en la Unión Europea».

El 28 de octubre, la Comisión incidía en la variable de la desinformación, cuando actualizó su plan para combatir los efectos de la segunda ola de la Covid-19 y pidió a los gobiernos relanzar las campañas de comunicación para contrarrestar la «información falsa, engañosa y peligrosa que sigue circulando». Pero hasta ahí. Recomendación de «campañas», sin alusión alguna a un hipotético desarrollo de disposiciones o legislaciones extraordinarias.

Los juristas consultados advierten de la necesidad de que este tipo de iniciativas tengan una mayor transparencia, y abogan por permanecer atentos si se acaba desarrollando un proyecto de ley ad hoc. Esto es, una norma que obligue a los medios a emitir «verdades oficiales» a partir de las conclusiones que establezca este nuevo órgano dirigido desde Moncloa. Sobre la orden publicada ayer en el BOE, todos coinciden en señalar que se trata de un compendio de directrices para reconocer, identificar, evaluar y explicar las amenazas de las llamadas fake news.

Mientras tanto, el Gobierno salió en tromba para tratar de aplacar las críticas. Moncloa argumenta que la estrategia frente a la desinformación es una «obligación» para proteger de los bulos a la sociedad. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó la «transparencia» de la iniciativa, publicada en el BOE, y negó que se busque una «fiscalización o limitación de algún derecho fundamental». Añadió que las intenciones del Ejecutivo central están «en plena sintonía» con las de la Comisión Europea. De forma similar se pronunció la ministra Arantza González Laya.