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Cada día mueren 90 dependientes sin recibir atención por los recortes

Los gerentes de servicios sociales exigen al Gobierno inyectar 450 millones adicionales para evitar el colapso del sistema

Alfonso Torices

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En España hay 122.000 dependientes desasistidos con limitaciones severas. FOTO: ACN

En España hay 122.000 dependientes desasistidos con limitaciones severas. FOTO: ACN

Los recortes por valor de 3.772 millones de euros que el Gobierno de Mariano Rajoy ha realizado desde 2012 en la atención a la dependencia han dejado muy debilitado el sistema, sostenido a duras penas por el sobresfuerzo financiero de las autonomías, y lo conducen a una situación de colapso si el Ejecutivo no rectifica y aporta desde ya al menos el 50% de la financiación publica que le exige la ley.

Esta es la principal conclusión a la que llega el dictamen realizado por el Observatorio Estatal de la Dependencia, un foro impulsado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que ha radiografiado la famélica situación del sistema. Apunta como síntoma evidente de la decadencia que 90 dependientes mueren cada día en España sin recibir la ayuda y atención a la que el Estado se comprometió con ellos.

El resultado de la enorme lista de espera es que, desde los recortes de 2012, en España han muerto 150.000 dependientes sin que nunca hayan recibido una ayuda o una asistencia específica de los poderes públicos desde que fueron acreditados. José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio, tiene claro que este es un drama que va a continuar salvo que el Ejecutivo central reaccione porque el 50% de todos los dependientes oficiales, que en sus dos terceras partes son mujeres, tienen más de 80 años.

El Observatorio considera «crucial» y «absolutamente inaplazable» que el PP, y con él el Gobierno de Rajoy, se sume al compromiso que el resto de partidos ya rubricó en el Congreso el pasado 14 de diciembre, un pacto de Estado para salvar la ley de dependencia. La medida más urgente del acuerdo es que el Ejecutivo incluya en los Presupuestos de 2017 al menos 450 millones adicionales. El objetivo es que aporte el 50% de los recursos públicos anuales del sistema, como le obliga la ley, cosa que ahora no hace, pues solo pone el 18% y las comunidades autónomas, que van camino de la asfixia, el 82%. De hecho, las familias, que mediante el copago ponen anualmente el 20% de los recursos del sistema, aportan más que el Gobierno.


Plan de choque
La segunda gran medida es que Ejecutivo y comunidades autónomas pacten un plan de choque, con un presupuesto de unos 2.600 millones de euros anuales, para que los 350.000 dependendientes en espera reciban atención y ayuda en un máximo de dos años. Ramírez tiene calculado que este plan crearía unos 90.000 puestos de trabajo directos y que el Estado recuperaría casi la mitad de la gastado vía ahorros, impuestos y cotizaciones sociales.

El pacto rubricado por todos los partidos salvo el PP también incluía negociar un sistema de financiación estable, dentro de la nueva financiación autonómica. Por último, el documento exigía que el Estado vuelva a pagar a las 170.000 mujeres que cuidan a familiares dependientes la Seguridad Social. Cosa que se hizo hasta los recortes de 2012, y que supondría otros 350 millones anuales.

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