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Condenada por no admitir en un colegio de Sevilla al hijo de una pareja gay

La directora de admisión aseguró, cuando supo que se trataba de una pareja gay, que en la escuela no quedaban plazas. Uno de los miembros se hizo pasar luego por una familia monoparental y se le dijo que sí quedaban plazas

Agencias

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La pareja se puso en contacto en 2011 con el colegio Yago School, en Castilleja de la Cuesta. Foto: Google Maps

La pareja se puso en contacto en 2011 con el colegio Yago School, en Castilleja de la Cuesta. Foto: Google Maps

Un juzgado de lo Penal de Sevilla ha condenado a dos años de inhabilitación para la administración o dirección de centros educativos a la directora de admisión de un colegio privado por trato discriminatorio, al rechazar la matriculación de un menor de tres años al descubrir que era hijo de una pareja homosexual. La sentencia, que absuelve al director al considerar que no participó en esa exclusión, establece que la directora de admisión es responsable de un delito contra los derechos fundamentales.

La pareja se puso en contacto en 2011 con el colegio Yago School, en Castilleja de la Cuesta, porque su hijo Rodrigo, de tres años y nacido mediante gestación subrogada en EEUU, debía comenzar su escolarización en el curso 2012-2013. En el correo electrónico se hacía constar desde el primer momento su condición de familia homoparental. La directora de admisión les explicó que no podía garantizarles la escolarización dado que tenían pocas plazas, emplazándoles a contactar de nuevo en septiembre de 2012.

En febrero de ese 2012, uno de los progenitores volvió a contactar solicitando una cita para visitar el colegio y tramitar la posible escolarización del niño. La directora respondió «inmediatamente que el curso infantil estaba completo» y descartó su matriculación, pese a que los padres tenían noticias de que otras familias habían solicitado la misma información y en ningún momento se les indicó que las plazas estuvieran cubiertas.

Uno de los padres llegó a contactar con el colegio, omitiendo el dato de que eran familia monoparental, y en el transcurso de una entrevista personal se le informó de la existencia de plazas. Tras mostrarle el email indicando lo contrario, la ahora condenada se justificó alegando un error administrativo. Sin embargo, días después volvió a contactar con ellos asegurando que no quedaba ninguna plaza.

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