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La Organización de Consumidores Europeos (BEUC) señaló hoy que las nuevas reglas europeas de seguridad en los pagos en línea son insuficientes para atajar el fraude y dejan en manos de los bancos decisiones clave para la protección de los usuarios.
Monique Goyens, directora general de BEUC se pronunció sobre las nuevas normas para garantizar la seguridad en los pagos a través de internet publicadas hoy por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), y que definen como se plasmarán en la práctica las medidas de seguridad adicionales que exigió Bruselas en 2015 para atajar el fraude en estas transacciones.
Las elevadas cantidades defraudadas, se explican porque para gran parte de las compras en línea basta con tener un número de tarjeta, su fecha de expiración y el CVV, el código identificativo en el reverso de la misma.
Por ello, la Comisión Europea propuso que todos los bancos y comercios introdujesen sistemas reforzados de identificación del usuario (SCA en inglés) en los que no bastase con los datos de la tarjeta, sino que se necesitase combinar varios elementos, como la tarjeta física, el código pin u otros identificadores proporcionados por el banco e incluso elementos biométricos como huellas dactilares. Sin embargo, proponen que todos los pagos inferiores a 30 euros estén exentos de estas medidas reforzadas y que, para aquellos entre 30 y 500 euros la introducción del SCA dependa del ratio de fraude de la entidad emisora de la tarjeta.
BEUC cree que el límite de 30 euros es "ilógico" y permitirá que muchas transacciones cotidianas sean inseguras, al tiempo que considera "inaceptable" que se haya limitado el sistema en función del "riesgo" de cada entidad en lugar de aplicar el mismo nivel para todas ya que solo los bancos tienen acceso a estos datos y sería casi imposible para las autoridades evaluar si los bancos están violando las normas.
Goyens pidió al Parlamento Europeo y a los Estados miembros de la UE que aún deben dar el visto bueno a las normas, que se aseguren de que la legislación no se debilite.
Las normas han sido objeto de un intenso debate, con un número récord de 224 respuestas en la consulta pública abierta por la EBA, en el que compañías de comercio electrónico, banca, y servicios de pago han defendido que la seguridad no debería suponer excesivas barreras para los consumidores a la hora de comprar y han pedido excepciones para las transacciones de bajo riesgo.
