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Corinna Larsen ha recurrido su citación como investigada en el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo. El abogado español de la empresaria germanodanesa trata de suspender su declaración en la pieza separada el 8 de septiembre.
El movimiento procesal llega después de que el juez acordara el 28 de julio la reapertura de la llamada pieza Carol tras incorporar nuevos indicios sobre la contratación de los servicios parapoliciales del excomisario preso por parte de la amiga íntima del rey emérito.
El recurso dirigido al juez Manuel García-Castellón y, de forma subsidiaria, en apelación a la Sala de lo Penal de los Audiencia Nacional, instancia superior, alega que no debió de reabrirse la causa archivada porque los nuevos hechos objeto de la imputación no guardan relación con los audios grabados por Villarejo a Larsen sobre las comisiones del AVE saudí. Estos documentos sonoros datan de 2014-2015, mientras que los últimos audios hallados por la Policía Judicial en el análisis de los registros de la operación Tándem son de 2016.
Del mismo modo, la defensa de Corinna considera que, al tratarse de hechos diferentes, debería haberse abierto otra pieza separada, y que, en todo caso, existen dudas razonables de que la Audiencia Nacional sea el tribunal competente para investigar lo que grabó Villarejo –en principio de forma subrepticia– en las reuniones de Londres.
La pieza Carol había sido archivada de forma provisional por falta de indicios en septiembre de 2018 con el aval de la Fiscalía Anticorrupción. Pero el instructor la ha reabierto ahora al hallar en los audios intervenidos a Villarejo indicios de que la examante de Juan Carlos I pudo cometer presuntamente un delito de cohecho y/o de revelación de secretos al contratar los servicios privados del policía. Además de Corinna, están citados el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, presente en las reuniones, y el propio comisario, en prisión preventiva desde finales de 2017.
En el auto de archivo se dijo ya que los hechos referentes al rey emérito –las presuntas comisiones millonarias por el AVE saudí– «no guardaban relación con Villarejo» y que «no estaba claro que se hubiera producido un encargo», ya que, «en cualquier caso, Villarejo se habría limitado a facilitar» a Corinna el contacto con un abogado por otro asunto bien diferente.
La posición de Anticorrupción
Refuerza su tesis la defensa de la empresaria germanodanesa, ejercida por el exjuez de la Audiencia José Antonio Choclán, al recordar que la propia Fiscalía pidió, y el juez lo acordó, enviar lo relativo a las presuntas comisiones del AVE a La Meca a Anticorrupción «por no mantener ninguna conexión» con los que se investigan en el caso Villarejo. Ahora esos hechos están siendo investigados por la Fiscalía del Tribunal Supremo dada la condición de aforado del rey emérito, es decir, «ni siquiera los hechos originales están ya» en la Audiencia Nacional.
Asimismo, el escrito cuestiona que el juzgado pueda hacerse cargo de la causa porque para investigar delitos cometidos en parte en el extranjero, como sería el caso, debe presentar en España una querella o denuncia del agraviado o de la Fiscalía. Una circunstancia «que no ha ocurrido» y que debe resolverse antes de que Corinna declare en la Audiencia Nacional el 8 de septiembre.
