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El funcionamiento, el coste y el personal de la Casa Real es una de las materias que más interés suscita entre la ciudadanía, de acuerdo con los datos del Portal de Transparencia. Y Zarzuela, como el resto de las instituciones, no se libra de recurrir de manera insistente al ‘secreto de Estado’ para no revelar datos.
Desde que el portal comenzara a funcionar a principios del año 2015 se ha negado a contestar al menos 21 demandas de información. Ni un dato del «gasto anual en seguridad de los Reyes» porque, entiende la Administración, hablar de cifras, aunque sea de manera abstracta, «pudiera afectar a los efectivos de protección». Pero es que tampoco el Gobierno da respuesta a un ciudadano que preguntó lo que «se gasta al año en agua, luz y calefacción en Zarzuela». Lo considera materia clasificada, sin más.
El Estado se niega a facilitar igualmente datos sobre el número de personas que trabajan o han trabajado en la Casa Real o su régimen laboral. «La publicación de esa información podría poner en peligro la seguridad del personal y de las instalaciones al servicio de la más alta institución del Estado», arguye la Administración.
Zarzuela sí que se aviene a contestar a un ciudadano que se interesó por el coste de la obra para preparar un despacho al rey Juan Carlos en el Palacio Real. Sin embargo, todo el documento que figura en el portal de transparencia aparece en negro y no es accesible para el público en general. Solo se le entregó a la persona que pidió esa información y cuyo nombre también está censurado.
Otros organismos públicos también son reticentes a dar información. RTVE, por ejemplo, se niega a desvelar a los ciudadanos cuánto cuestan algunas de sus series, aunque éstas estén pagadas con dinero público, porque «esta información puede perjudicar los intereses comerciales de RTVE, ya que ésta se mueve en el mismo mercado que las televisiones privadas y difundir esta información le generaría una desventaja competitiva».
Algo similar alega Fomento para no dar una sola cifra sobre los pasajeros que hacen uso de las líneas de Alvia. Defiende que quizás en el futuro Renfe tenga competencia y que esa información «podría ser utilizada por competidores o potenciales competidores (...) que tendrían información privilegiada» sobre la compañía ferroviaria.
Los ciudadanos también se han quedado sin saber lo que cuestan sus embajadas. ¿El motivo? Exteriores alega que podría enfadar a los países que acogen las legaciones: «Hacer pública esa información con el detalle que se pide podría afectar a nuestras relaciones con terceros países, especialmente si se hace un cotejo por países, creando posibles agravios comparativos, especialmente graves en zonas inestables».
Menos sorpresivas son las ya conocidas–y numerosas– negativas del Gobierno a informar sobre el coste y los desplazamientos aéreos de Pedro Sánchez. «Los informes sobre movimientos de aeronaves militares son materia clasificada», se lee en una de las respuestas evasivas.
