Dos radares multan a diario a 186 conductores en la autopista AP-7

Los radares de tráfico en las carreteras tarraconenses recaudan 8,7 millones de euros al año, según los 34 medidores fijos activos por parte del Servei Català de Trànsit. Los cinemómetros, tan temidos por los conductores, continúan reflejando una realidad: a pesar de la concienciación y las campañas, se sigue corriendo demasiado, y de una forma generalizada.

En un año, entre el 1 de junio de 2015 y el 1 de junio de 2016, la Generalitat ha ingresado 34,8 millones en multas a conductores cazados con exceso de velocidad. En Tarragona, la cifra de conductores asciende a 189.761, lo que arroja una media diaria de 519.

Esas cifras abultadas dan material a los que acusan a los radares de afán recaudatorio, algo que combaten con especial insistencia los responsables de tráfico en Catalunya: justifican cada ubicación de radar por criterios técnicos y en base a un objetivo claro como es el de aumentar la seguridad viaria y reducir la siniestralidad en aquellos puntos más complicados. Trànsit explica que la velocidad de los tramos donde hay un control desciende, de media, unos 10 kilómetros por hora, un factor fundamental para ayudar a reducir los accidentes.


Máquinas de multar
Sin embargo, en las carreteras tarraconenses hay cinemómetros que son auténticas máquinas de poner multas y todo un martirio para el chófer que se despista y se deja ir. Se lleva la palma, y con mucha diferencia, el radar de tramo ubicado entre Ulldecona y Amposta, en la AP-7, justo al entrar en Catalunya. La recaudación sólo de este dispositivo asciende a 2,4 millones de euros en un año. La segunda posición es para otro cinemómetro de la AP-7, en concreto uno en L’Ametlla de Mar que ha recaudado 1,1 millones en el último año y 5,3 en el pasado lustro. Entre 2015 y 2016 ha cazado a 24.011 chóferes que habían apretado el acelerador en exceso en esta vía limitada a 120 km/h. Estos dos radares, el de Amposta y L’Ametlla de Mar, concentran el 40% de los ingresos totales en la provincia.

En el Camp de Tarragona, los radares que más sancionan son dos ubicados en el término municipal de Reus. Uno de ellos ha recaudado 895.480 euros, multando hasta 21.058 veces. El aparato se encuentra localizado en el tramo de enlace entre la C-14 y la T-11, en un segmento de la antigua N-420 que hace pendiente y va en dirección Tarragona.


Impopularidad y eficacia
El otro artilugio está en una de las arterias principales de toda la provincia, la T-11. Su labor ha generado 429.094 euros para las arcas de la administración, después de sancionar a 9.444 conductores en un año. En el otro extremo, en la N-340 a su paso por Amposta está el cinemómetro que menos actividad tiene (650 euros recaudados en 16 sanciones).

Trànsit admite la impopularidad de estas medidas y las fundamenta en el hecho de que aún hay demasiados conductores que van por encima de la velocidad permitida. Desde el Departament d’Interior, el conseller tarraconense Jordi Jané ha asegurado que los radares instalados en las carreteras «no tienen afán recaudatorio» y que «el mejor radar es aquel que no se dispara nunca, aquel que está avisado y que hace que la gente reduzca la velocidad». Jané ya ha dejado claro que la intención es instalar más radares de tramo. Catalunya tiene 27 cinemómetros para detectar excesos de velocidad por cada millón de habitantes. La cifra supera la ratio de España pero está por debajo de países como Suecia (123 radares), Gran Bretaña (92) u Holanda (71). Desde las instituciones, la consigna es no bajar la guardia, a pesar de que los datos muestren una mejoría en términos de siniestralidad, una de las bazas para defender la conveniencia de radares. Entre 2005 y 2015, la velocidad media de las autopistas descendió de 120 a 104 km/h.

Los radares, junto con otras medidas de gran calado como el carnet por puntos, han sido uno de los elementos clave en la drástica reducción de los muertos y heridos graves en carretera. En Catalunya se ha pasado de los 3.652 muertos en accidentes en 2005 a los 1.688 de 2015, lo que supone todo un avance en materia de seguridad vial. Esto se traduce en que se habría salvado la vida a 20.000 personas en una década. En todo caso, no sólo hay que achacar ese descenso a las medidas tomadas por las autoridades. La crisis, con la reducción de los desplazamientos por motivos económicos, también tuvo que ver en el retroceso.

En el caso del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre, también se ha traducido en un importante descenso de la siniestralidad: de los 101 fallecidos en el 2006 se pasó a los 67 registrados el año pasado. Sin embargo, algunos balances muestran que esa reducción de la siniestralidad se ha estancado. El año pasado los accidentes con muertos aumentaron un 7% en Catalunya, en parte motivado por el incremento de las distracciones como mirar el móvil o enviar mensajes mientras se conduce.

La siniestralidad ha bajado al tiempo en que se han incrementado los expedientes por infracciones detectadas en radares. En 2010 había 30 radares fijos –cuatro menos que ahora– en las comarcas tarraconenses. Cinco de ellos superaban el promedio catalán de multas, que por entonces era de 166.000 euros al año por aparato. Según el último balance, ahora hay 15 radares que superan esa media. También se ha incrementado el número de infracciones. Si en 2010 los radares ‘cazaron’ a 59.853 infractores, de junio de 2015 a junio de 2016 la cifra se disparó a los 189.761.