Educación recupera la Selectividad y deja las reválidas sin efecto académico

Un decreto ley modificará en breve la Lomce y paralizará 'sine die' la puesta en marcha de todas las pruebas de final de etapa. Solo las harán algunos centros como mera evaluación diagnóstica

19 mayo 2017 17:13 | Actualizado a 21 mayo 2017 15:53
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Las reválidas de ESO y Bachillerato no se implantarán ni en este curso ni en los siguientes. El Gobierno, tras tres años de guerra, cedió ayer a las exigencias de la oposición, las autonomías y la comunidad escolar, que han presentado recursos judiciales y hecho hasta tres huelgas generales en busca de la derogación de los puntos más polémicos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que en 2013 el PP impuso con su mayoría absoluta.

El ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, pactó con su homólogos autonómicos, reunidos durante hora y media en la Conferencia Sectorial de Educación, el contenido de un decreto ley, que el Consejo de Ministros aprobará de inmediato, que modificará la Lomce y paralizará sine die la puesta en marcha de las reválidas de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato que la norma ordenaba implantar este curso. Quedarán paralizadas «hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del pacto de Estado por la educación», dirá el decreto, que es tanto como reconocer que «las reválidas ya son historia», según el consejero de Educación cántabro, Ramón Ruiz, portavoz de las ocho comunidades socialistas, que consideró el acuerdo «un gran éxito».

Las polémicas pruebas ya no verán nunca la luz tal y como fueron diseñadas por el anterior inquilino de Educación, José Ignacio Wert, como unas reválidas de etapa sin cuya aprobación no se obtendrían los títulos.


A título de muestra
El Gobierno, ahora en minoría, cede casi por completo, renuncia a su valor académico y a su implantación. Acepta que las pruebas de final de etapa de tercero y sexto de primaria –ya implantadas– y de cuarto de la ESO –sin implantar– se queden en una mera evaluación diagnóstica y «muestral» del sistema, que solo tendrán que hacer un número reducido de los centros educativos en cada comunidad, sin reflejo en el expediente. El ministro se comprometió a retirar los recursos contra las autonomías que se negaron a implantar las reválidas de primaria. De igual manera, el decreto convierte la reválida de Bachillerato en una prueba de acceso a la Universidad.

La consellera de Ensenyament, Meritxell Ruiz, manifestó que lo que pide la Generalitat es la «derogación total» de la Lomce, porque, en su opinión, es «una ley ideológica que se hizo sin diálogo y con el único consenso de un partido político». Ruiz pidió al ministro que «elimine la disposición adicional 38 que obliga a la Generalitat a pagar 6.000 euros por cada alumno que quiera escolarizarse solo en castellano, porque rompe con el modelo de escuela catalana».

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