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El Congreso aprueba tramitar una renta básica para gente sin recursos

La medida, promovida por UGT y CC OO, contempla una ayuda de 426 euros a parados sin prestación y contó con el rechazo de PP y Ciudadanos

D.Valera

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Personas sin recursos comen en Cafè i caliu, de Cáritas de Tarragona. FOTO: PERE FERRÉ

Personas sin recursos comen en Cafè i caliu, de Cáritas de Tarragona. FOTO: PERE FERRÉ

El Congreso dio ayer el primer paso para aprobar una renta mínima destinada a familias con escasos ingresos. Pero lo hizo tras una votación muy ajustada (176 a favor y 163 contra), en la que PP y Ciudadanos se opusieron a una iniciativa que consideran «inviable» económicamente.

En concreto, la proposición de ley promovida por CC OO y UGT a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que contó con más de 700.000 firmas propone la implantación de una ayuda de 426 euros para aquellas personas sin empleo que hayan agotado las prestaciones y cuya renta anual sea inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional excluidas las pagas extraordinarias (unos 6.300 euros anuales). En el caso de los hogares con varios miembros será necesario que la suma de los ingresos totales divididos entre las personas que conforman la unidad económica familiar no supere dicho límite. Una iniciativa que podría beneficiar a unos 2,4 millones de personas, según las estimaciones de los promotores.

Sin embargo, el debate en la Cámara Baja dejó claro que las fuerzas están muy divididas por el impacto que la renta mínima tendría en las arcas del Estado en un año en el que hay que ajustar 16.000 millones para cumplir con el déficit. Así, el portavoz de Empleo del PSOE, Rafael Simancas, consideró realista la iniciativa porque los 12.000 millones que se estima costaría poner en marcha la medida son muy inferiores a los 40.000 millones invertidos en el rescate bancario. Asimismo, defendió que el objetivo de la proposición de ley es permitir una «vida digna» a millones de españoles y cubrir una «carencia seria» y una «insuficiencia grave» en el sistema público de protección social.

El portavoz de Unidos Podemos, Segundo González, consideró que la medida «camina en la dirección correcta». Sin embargo, el diputado afirmó que la cuantía recogida «no es una cantidad suficiente para salir del umbral de la pobreza». Y adelantó que su grupo propondrá en el trámite de enmiendas que ahora comienza una renta de 660 euros. También respaldaron la medida los partidos nacionalistas vascos y catalanes, argumentando motivos de «justicia social».


Medida «imposible»
Sin embargo, el PP mantuvo su rechazo a una renta mínima que califica de «inviable». La diputada popular Susana López Ares defendió el «voto responsable» de su grupo y criticó a los partidarios de la proposición por crear falsas expectativas a los ciudadanos. «Nosotros no vamos a decirles que algo es posible cuando es absolutamente imposible», afirmó. López aseguró que el documento presentado no deja del todo claro los requisitos para optar a esta ayuda, lo que podría disparar el número de beneficiarios hasta los 10 millones y elevar el coste a los 50.000 millones. La representante del PP defendió las herramientas puestas en marcha por el Gobierno como el plan Prepara o el Programa de Activación para el Empleo destinado a desempleados de larga duración.

Por último, el portavoz de Economía de Ciudadanos, Tony Roldán, insistió en la «imposibilidad» económica de la medida para justificar su rechazo.

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