El Congreso pone a la cola el uso terapéutico regulado del cannabis

El Congreso dejó claro la pasada semana que la posible regulación para uso terapéutico del cannabis y sus derivados no es una de sus prioridades.

Los diputados la abordarán, pero sin prisas, sin comprometerse con un ‘sí’ previo a cualquier grado de legalización, y una vez que hayan encauzado otros asuntos y desafíos sociosanitarios que consideran más urgentes. 

Decenas de miles españoles que de forma clandestina utilizan con éxito preparados de marihuana para paliar los síntomas y los efectos secundarios de múltiples patologías, allí donde los fármacos legales habían fracasado, se han visto enfriadas poco a poco. 

Son enfermos de cáncer tratados con quimioterapia, pacientes con dolores crónicos, con enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, la fibromialgia, la artrosis o la artritis, e incluso niños con epilepsias refractarias, entre otras dolencias.

Eso sí, todo desde la clandestinidad, sin control sanitario de lo que adquieren en el mercado negro, sin un control médico oficial de sus terapias, y con el riesgo permanente de ser multados con entre 600 y 10.000 euros si les descubren con las sustancias encima.

El 5 de abril, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso acordó, con el respaldo de todos los grupos políticos, poner en marcha una subcomisión parlamentaria para analizar la posible regulación del uso terapéutico del cannabis.

Basándose en la experiencia en otros países y en la evidencia científica hasta ahora disponible sobre sus beneficios, como forma de determinar si su uso legal es conveniente o no antes de abordar la regulación.

Ciudadanos fue quien a través del diputado Francisco Egea llevó el problema al Congreso, era partidario de instar de inmediato al Gobierno a legalizar el acceso a los tratamientos bajo indicación y supervisión médica, y a autorizar el cultivo y la venta controlados.

Es este un camino para lo que contaba con el apoyo de Unidos Podemos, pero no del PSOE y el PP, que exigieron la comisión de estudio.
«El dolor no puede esperar»

La solicitud de puesta en marcha de la subcomisión, sin embargo, ha tardado más de siete meses en hacerse efectiva.

Se aprobó el martes pasado. Pero eso no asegura que los trabajos, que como mínimo se pueden dilatar unos seis meses –lo necesario para escuchar a expertos y afectados y elaborar unas conclusiones y propuestas–, vayan a empezar ya.        

En la misma sesión de la Comisión de Sanidad del martes, los diputados aprobaron solicitar al pleno del Congreso la creación de otras dos subcomisiones.

Una para analizar la viabilidad del sistema de la dependencia –un asunto que ya estudia un grupo de expertos por encargo de Gobierno y comunidades autónomas– y otra para estudiar el sistema de acceso público a los nuevos medicamentos. 

Los parlamentarios, conscientes de que la Mesa remite al pleno con cuentagotas las solicitudes de subcomisiones, por haber ya once en marcha y varias en espera de creación, decidieron orientar a este órgano con sus prioridades.

Votaron comunicarle que, como tendrá que poner las peticiones en cola, primero tramite la puesta en marcha de la subcomisión de dependencia, seguida por la del medicamento, con la del cannabis en último lugar. 

En resumen, todavía nada asegura que esta subcomisión este funcionando en abril, un año después de que se acordase su creación.