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El Estado investiga a 33 clubes en Tarragona en busca de fraude laboral

Las inspecciones, centradas en la base, acaban con una regulación y un sobrecoste para el club del 30%. Se revisan contratos de coordinadores, masajistas o técnicos. El sector, en pie de guerra
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Las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social en Tarragona.  Foto: Lluís Milián

Las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social en Tarragona. Foto: Lluís Milián

El Estado también se ha puesto duro con los clubes deportivos. Los inspectores de la Seguridad Social han visitado en los últimos meses a un total de 33 entidades de deporte base en la provincia de Tarragona (son hasta 1.118 en toda España) a las que han reclamado aclarar la situación laboral de entrenadores, coordinadores, preparadores físicos o masajistas. El objetivo es realizar un escrutinio general con el fin de regularizar el empleo sumergido en este sector. La medida ha generado polémica, ya que algunas voces critican lo que consideran una persecución y un acoso.

Las actuaciones, según el Ministerio de Empleo, se iniciaron a consecuencia de distintas «denuncias de trabajadores en las que comunicaban que no habían sido dados de alta en la Seguridad Social». Por tanto, «la actuación de la Inspección –según Empleo– ha obedecido a denuncias de particulares que deben ser atendidas e investigadas, sin que se hayan planificado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social».

 

El Gobierno niega un plan

De esa manera, el Gobierno niega estar llevando a cabo un plan de inspecciones laborales en clubes de deporte aficionado, pese a las críticas recibidas. «No son ajustadas a la realidad las manifestaciones que públicamente se han realizado en el sentido de que existen campañas generalizadas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los clubes y entidades deportivas y deporte de base», subraya el Ministerio.

El Gobierno recuerda que para determinar la existencia de una relación laboral y para la exigencia del alta en la Seguridad Social no se precisa que el trabajo se desarrolle para unas entidades con fines de lucro, pues también se exige a fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Eso sí, garantiza que en las inspecciones no se tuvo en cuenta las situaciones en las que los investigados sólo cobran compensación por gastos de desplazamiento o similares, pues al no constituir un salario no se precisa estar dado de alta en la Seguridad Social.

El Gobierno se defiende argumentando que sólo 80 de las 1.118 inspecciones realizadas han terminado con un resultado de infracción «y la mayor parte de las veces se ha efectuado un reconocimiento de deuda por el interesado y no se han extendido actas de infracción o liquidación».

Pese a eso, clubes, asociaciones deportivas y federaciones siguen en pie de guerra: «Han empezado primero por la natación y los clubes de fútbol, sobre todo centrándose en la base. Supone encarecer entre un 30 y un 50% las cuotas de los chavales que hacen deporte», explica Gerard Esteva, presidente de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (Ufec), una de las entidades más beligerantes. Su manifiesto, firmado también por la Unió de Consells Esportius de Catalunya, alerta de la situación: «El deporte de base y el deporte organizativo en general, a todos los niveles y de todos los municipios, se encuentra en una situación de ahogo, fiscalización e intervencionismo que por falta de recursos será imposible de sostener por las entidades deportivas sin ánimo de lucro».

 

‘Nos hemos adaptado’

A veces la regularización se ve con relativos buenos ojos. «Nosotros nos hemos tenido que adaptar y reajustar, con un sacrificio económico por parte de una entidad que, además, no tiene la gestión profesionalizada. Estamos viendo una transición que es necesaria. Hay mucha desigualdad, porque estamos viendo clubes que cumplen y cubles que no. Me gustaría que hubiera igualdad para todos», explica un responsable de un club de la provincia.

Esta entidad se ha tenido que readaptar: «En clubes pequeños ha sido una práctica habitual, métodos que se usaban de forma más provisional o informal. En nuestro caso, teníamos a una persona de monitor que no tenía titulación y se nos exigía, además, un contrato con la Seguridad Social. Es un esfuerzo económico pero el entrenador también gana prestaciones, en cuanto a derechos, a su propia vida laboral», cuenta.

 

‘Hay mucha preocupación’

Desde la Generalitat se intenta ofrecer el máximo apoyo a las entidades. «No nos notifican ni avisan cuando hacen una inspección. Lo que tenemos que hacer es estar al lado de los clubes y por eso hemos creado una red de oficinas de asesorameinto. Estamos en una situación de impass. Hay clubes que ya se han puesto al día, otros son conocedores de que deben hacerlo y otros no», admite Gemma Solé, la representante territorial d’Esports en Tarragona.

Solé reconoce la «preocupación» de muchas entidades pero extrae, pese a las dificultades en aumento, algunas conclusiones positivas: «Se está haciendo frente a dinámicas de muchos años, con prácticas que no se hacían de forma correcta. Entendemos la complejidad que supone para muchos clubes pero hay que extraer un lado positivo, que es de la existencia de unas normas que hay que cumplir».

Josep Vives, delegado de la Federació Catalana de Futbol en Tarragona, admite cierto nerviosismo entre las entidades, aunque no le constan inspecciones en el fútbol modesto, desde Primera Catalana a Cuarta. «En lo que se refiere al fútbol modesto no me consta ningún requerimiento, pero es verdad que la gente está preocupada y algo asustada, no sólo por la presión laboral sino fiscal», explica Vives. «La gente está muy quemada. Es bueno que las cosas se hagan bien pero hay que tener en cuenta que este país no había ganado nunca nada, y que los éxitos del fútbol, el tenis o la natación se consiguen gracias a los clubes modestos, que son los que pueden acabar desapareciendo con esta situación».

Raül Font, presidente del Consell Esportiu del Tarragonès, se muestra también muy crítico: «Me parece una enorme barbaridad. Es desconocer la realidad asociativa de nuestro país, donde hay muchísimas entidades basadas en un voluntariado total y absoluto, que ejercen además un servicio subsidiario que de otra forma lo debería llevar a cabo el Estado. Es una persecución desproporcionada que sólo se puede leer desde el afán recaudador».

Los detractores defienden que hay alternativas. «El gran error, sobre todo en clubes de fútbol, es regularizar como laborales los que son voluntarios. Nosotros proponemos una fórmula europea, que es la figura del ‘pocket money’, consistente en poder tener hasta 500 euros libres de cotizar para voluntarios o para aquellos gastos que son difíciles de justificar. Los programas de la Comisión Europea prevén que los voluntarios puedan recibir el llamado ‘dinero de bolsillo’ exento de justificación. En Suecia o Dinamarca el voluntariado tiene una compensación que no requiere justificación», argumenta Gerard Esteva.

«Al final pagan justos por pecadores. A lo mejor hay clubes que hacen mal las cosas pero ¿dónde ponemos el límite?. ¿Es economía sumergida que unos socios de un club hagan actividades con los hijos de otros socios, para fomentar el deporte de base?. Todo esto afecta a entidades muy pequeñas donde todo se hace desde la óptica del voluntariado. Hablamos de un trabajo para la socialización y el deporte, para la salud, lo que al final repercutirá en un futuro en la reducción del gasto sanitario», comenta Raül Font desde el Consell Esportiu del Tarragonès.

La actual actividad inspectora nació al abrigo de una disposición de la Ley de Emprendedores y propone regular la relación laboral mediante contratos a tiempo parcial. Desde el Consejo Superior de Deportes (CSD), que apoya la iniciativa de Empleo, se señala que «ni el ánimo de lucro determina la exclusión de un empresario del sistema de Seguridad Social, ni la percepción de cantidades inferiores al salario mínimo interprofesional que reciben los trabajadores supone en sí misma la exclusión de la relación como laboral».

Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, sólo ve «un alarmismo injustificado y una inquietud sin sentido». El CSD preparó el llamado ‘contrato del voluntariado’, cuando no hay contraprestación económica sino un desembolso de gastos como el desplazamiento, una medida que tampoco convence a muchos clubes y federaciones.

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