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Un demoledor informe del Tribunal de Cuentas, recientemente aprobado, pone en la picota el funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), la entidad encargada de pagar los salarios y/o las indemnizaciones de los trabajadores cuyas empresas les adeudan nóminas o les han despedido. Las empresas se han declarado en suspensión de pagos con lo que no pueden hacer frente a las obligaciones con sus empleados.
El informe denuncia retrasos en la tramitación de las prestaciones debido a una exagerada falta de personal. Tarragona es una de las provincias que peor sale parada en el informe. Es la octava del Estado con un mayor retraso en el pago a los trabajadores con 253,8 días de media de espera. El tiempo de espera máxima ha llegado a ser de 1.143 días, es decir, más de tres años. Sólo la superan Ceuta (346,6 días de media de espera), Valencia (309), Madrid (288,1), Sevilla (266,4), Las Palmas (263,4), Almería (256,3) y Barcelona (255,7).
Un abogado para 5 juzgados
La falta de personal en Tarragona es flagrante. Sólo un abogado, tres funcionarios y un interino han de tramitar los expedientes de toda la demarcación. En febrero del año pasado, la provincia acumulaba cerca de 7.000 expedientes. «El abogado que hay en Tarragona ha de cubrir todos los juzgados de lo social de la provincia, que son seis, entre Tarragona, Reus y Tortosa, y además es el jefe de la delegación», lamenta el representante de Comisiones en el Fogasa, Nicolás Lázaro. No es de extrañar que Tarragona sea, según el Tribunal de Cuentas, la provincia de España con menor comparecencia del Fogasa en los juzgados.
A la interminable espera en el Fogasa se suma el trámite previo:la resolución judicial. Si los trabajadores quieren cobrar de su empresa cuando ésta ha quebrado han de denunciarla y que un juez decrete que pueden cobrar. Y los juzgados ya están saturados. Con la resolución en la mano, han de acudir al Fogasa.
Paciencia. Es lo que muchos trabajadores tienen que acumular, primero durante el proceso judicial y luego para recibir el dinero del Fogasa. Es el caso de María, una tarraconense a la que su empresa despidió, junto a una veintena de compañeros (toda la plantilla), hace unos meses. María y sus colegas recibieron el burofax con la carta de despido al final de las vacaciones. La primera reacción de María fue de sorpresa: «No entendía nada. Mi puesto era de los más importantes en la empresa». Luego ella y sus compañeros llamaron a la empresa, que les explicó que no podía hacerse cargo ni de seguir pagándoles los salarios ni de cubrir las indemnizaciones por despido y les recomendó que se buscasen un abogado. Ya habían sufrido retrasos en las nóminas.
El letrado ya les ha advertido que «el proceso va para largo. Al menos año y medio para saber alguna cosa» y que haya sentencia. «Toca esperar», resume María.
El Diari contactó con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de quien depende el Fogasa. Declinó comentar el informe del Tribunal de Cuentas, que, entre otras críticas, afea al Ministerio cuyo titular es Fátima Báñez que «esta situación ha provocado sobrecostes, falta de oposición y control en los juicios así como un bajo índice de cobros de deudas de empresarios y personas físicas».
La recesión económica ha provocado el cierre de miles de empresas lo que ha disparado a su vez el trabajo del Fogasa sin que se haya incrementado la plantilla. Según denuncia el presidente de CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) en Tarragona, Óscar Venteo, «el Fogasa tiene 400 trabajadores en toda España y se necesitarían 200 más. Con la crisis, se ha triplicado la carga de trabajo y la plantilla se ha reducido».
En 2006, antes del inicio de la crisis, hubo 303 empresas expedientadas en Tarragona por el Fogasa y 1.012 trabajadores percibieron los salarios que se les adeudaban o la indemnización por despido pendiente. En 2014, las empresas se habían multiplicado por diez (3.367) y los trabajadores, por siete (7.627), según las estadísticas del Fogasa disponibles en la web del Ministerio.
En la evolución año por año (ver gráfico) se observa que de 2011 a 2012 y de 2012 a 2013, el número de trabajadores que cobraron bajó, mientras que el resto de años sube. Esto se debe, según los sindicatos, al ‘tapón’ en los juzgados que provocó que llegasen menos casos al Fogasa.
Este diciembre, la cifra de prestaciones pagadas subió de modo espectacular. Cobraron 3.826 trabajadores en Tarragona y 166.572 en toda España, frente a 249 y 14.323 de noviembre. El motivo es que las administraciones pagan en diciembre cuando disponen del remanente del presupuesto.
El abogado de UGT especialista en el Fogasa, Miguel González, ve también una intencionalidad política: «Es año electoral. Mientras menos gente haya en la calle sin cobrar, mejor. Si un trabajador recibe de pronto 6.000 euros va tirando y está contento». González denuncia que ha habido órdenes de la cúpula del Fogasa de retrasar los expedientes para no tener que pagarlos.
Si este diciembre se pagó a 3.826 personas (los comicios están previstos para noviembre), en diciembre de 2013 se pagó a 140, en diciembre de 2012 a 170 y en diciembre de 2011 a 572. Y en octubre de 2011 (justo antes de las generales del 20 de noviembre) 480 personas recibieron su prestación, frente a las 40 de un año después (octubre de 2012).
Sea por lo que sea, los pagos de diciembre han supuesto un alivio en la caótica situación del Fogasa. Pero la situación puede empeorar. «Faltan fondos (para pagar) y personal. Hay peligro de colapso», concluye Lázaro.
