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El Gobierno español advirtió ayer a la ONG Proactiva Open Arms de que «nadie está a salvo de la ley», tampoco su barco, al que puede multar con hasta 901.000 euros por haber efectuado tareas de rescate en el Mediterráneo pese a tener una licencia que solo le permite transportar ayuda humanitaria. Paralelamente, el Ejecutivo se encuentra a la espera de la resolución que tome la Fiscalía italiana, la misma que el martes ordenó el desembarco inmediato de los 83 inmigrantes a bordo de la nave, para tomar una decisión respecto al buque Audaz de la Armada española.
El Audaz fue enviado el martes a la isla italiana con el objetivo de recoger y acompañar a los inmigrantes del Open Arms, que llegó a salvar la vida a 160 personas en los tres rescates desde el pasado 1 de agosto y que serán repartidos entre España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal.
Personas que, según recordó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, fueron rescatadas por un barco que solo dispone de «licencia para ayuda humanitaria, para transporte de víveres». «Las instituciones, los poderes y los ciudadanos, todos estamos sometidos a las leyes, y todo el mundo sabe lo que puede hacer y lo que no, y nadie está a salvo de esto, incluido un barco como este», avisó Calvo.
Señaló que Marina Mercante, dependiente de Fomento, avisó al capitán del buque de que podría ser multado con entre 300.000 y 901.000 euros si retomaba las tareas de rescate. Lo hizo en una carta que el director general de este organismo, Benito Núñez Quintanilla, remitió al capitán del Open Arms el 27 de junio –un día después de que el barco saliera de Nápoles (Italia) con destino al Mediterráneo central– para advertirle de las consecuencias de mantener su «pretensión de retomar los rescates». Alertaba de que «no se podrán realizar operaciones de búsqueda y salvamento, en tanto no se cuente con la conformidad de la autoridad responsable de la región de búsqueda y salvamento (zona SAR) donde se navegue, y siempre bajo la coordinación de dicha autoridad». Ni tampoco «efectuar navegaciones con el propósito» de llevar a cabo tareas de salvamento «u otras actividades que deriven con toda probabilidad en tales operaciones». Precisó, no obstante, que aquellas que «sean de carácter espontáneo u ocasional con motivo de la navegación normal del buque, estarán sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa internacional o nacional sobre salvamento marítimo».
El mensaje de Salvini
El recordatorio de la ministra Calvo fue contestado por el fundador de la ONG, Óscar Camps, en Twitter: «A menudo no sé si habla ella de verdad o Salvini es el ventrílocuo».
La oposición criticó la gestión que el Ejecutivo ha hecho de la crisis. PP y Ciudadanos han pedido que el presidente el funciones, Pedro Sánchez, dé cuenta de la misma en el Congreso con carácter urgente. Para el líder del PP, Pablo Casado, el Ejecutivo solo ha dado «bandazos demagógicos» que muestran su «improvisación» y son el «peor mensaje» que se puede dar a las mafias porque aprovechan estas crisis humanitarias para seguir explotando a las víctimas.
El presidente de Cs, Albert Rivera, señaló que «la política migratoria debe ser un asunto de Estado y consensuada con la UE, no una colección de improvisaciones». Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra la ONG por presunta «colaboración con organización criminal para el tráfico de personas» y piden la detención del capitán del barco, el tarraconense Marc Reig.
Otro barco español, el Aita Mari, de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, ha reiterado su deseo de zarpar el día 27 desde Pasaia (Gipuzkoa) para rescatar en el Mediterráneo, donde 356 inmigrantes esperan desde hace 12 días a poder bajar del Ocean Viking a un puerto seguro.
