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El Gobierno tiene listo desde hace meses el plan para exhumar los restos de Francisco Franco en el Valle de los Caídos y trasladarlos al cementerio de Mingorrubio. Un operativo que guarda con celo y del que el ministro del Interior solo adelantó que se hará «sin sigilo, sin interferir en la vida de nadie» y «sin dar espectáculo». Fernando Grande-Marlaska no lo dijo, pero la discreción incluye la ausencia de medios informativos.
La idea que manejaban en la Moncloa hace unas semanas era proceder al traslado de madrugada y sin aviso previo, salvo a la familia y a los monjes benedictinos de la abadía en cuya cripta está enterrado el dictador desde 1975.
El momento lo decidirá el Consejo de Ministros, que deberá aprobar un acuerdo para exhumar los restos. La vicepresidenta Carmen Calvo ha señalado que se haría «cuanto antes». Incluso afinó que se evitaría interferir en la campaña electoral que se desarrollará del 1 al 8 de noviembre. Por descarte, solo queda octubre.
En el Gobierno consideran que el procedimiento que tiene abierto el juez de lo Contencioso-Administrativo de Madrid José Yusty Bastarreche no impedirá la exhumación porque no es competente para tomar decisiones sobre las competencias del Consejo de Ministros. Yusty se niega a conceder la licencia de obra hasta que resuelva un recurso presentado en marzo pasado por una persona afín a la familia Franco en contra del traslado. El juez, recusado sin éxito por la Abogacía del Estado por su trayectoria ultraderechista, lo admitió y paralizó el permiso concedido por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, al que pertenece el Valle de los Caídos. Alegó riesgos laborales para los operarios que tenían que levantar la losa de la tumba.
Fuentes jurídicas, por el contrario, argumentan que el Gobierno deberá esperar a que Yusti resuelva el caso, contra el que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, algo que dilataría el procedimiento varios meses.
El Vaticano no se opone
La Moncloa también tiene expedito el camino de la exhumación en la vertiente religiosa. Un portavoz del Vaticano señaló que la Santa Sede «no se opone» al traslado de los restos del dictador porque «así lo ha decidido la autoridad competente». Hasta ahora, había condicionado su visto bueno a resolver las cuestiones judiciales.
El presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró el martes por la noche ante la Asamblea General de Naciones Unidas la «victoria democrática» que supone la autorización para exhumar los restos de Francisco Franco. La decisión del Tribunal Supremo de autorizar la exhumación del dictador ocupó parte del discurso que Sánchez dio en la ONU. Muchas horas después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo en favor de la exhumación de Franco, y pocos instantes después de comenzar su discurso en Naciones Unidas, Pedro Sánchez subrayaba que con la decisión del alto tribunal «se cierra simbólicamente el círculo democrático». «Ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional», dijo Sánchez, para quien con esta decisión judicial se ha cerrado también «un capítulo oscuro de nuestra historia».
En su discurso no faltó, por otra parte, su conocida defensa del multilateralismo como la vía para enfrentar los problemas globales, y un duro reproche a quienes se inclinan por el proteccionismo y el ultranacionalismo. Subrayó los principales compromisos de España con la comunidad internacional en la lucha contra el cambio climático.
