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El Gobierno quiere aplicar la prisión permanente a violadores reincidentes

El Ejecutivo aprobó ayer el anteproyecto para reformar el Código Penal e incluir más supuestos para este tipo de pena, aunque deja la sedición y la rebelión fuera de los nuevos delitos. Podemos y el PSOE se oponen

Nuria Vega

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue el encargado de presentar el anteproyecto de ley.  FOTO: efe

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue el encargado de presentar el anteproyecto de ley. FOTO: efe

En la Moncloa han resuelto intensificar su actividad legislativa y tratar de neutralizar así la capacidad de seducción de Ciudadanos, y lo hizo con la reforma de la prisión permanente revisable como principal apuesta gubernamental.              

Tras la detención del asesino confeso de Diana Quer, los populares entendieron que existía «una demanda social» a favor de mantener la máxima pena que contempla en estos momentos la normativa española y en una reunión de coordinación, el pasado 9 de enero, el PP decidió promover en todos los ayuntamientos una moción en defensa de la prisión permanente revisable. La formación conservadora encontró en la movilización ciudadana el impulso para plantar cara a la oposición, que tramita en el Congreso la derogación de la medida, y para dejar al descubierto la «ambigüedad» de Ciudadanos, que viene absteniéndose en esta materia.

El colofón lo puso Rajoy el pasado fin de semana en una convención en Córdoba en la que anunció la ampliación de los delitos que podrán ser castigados con esta medida excepcional. De la defensa al ataque.             

Según el anteproyecto que aprobó ayer el Consejo de Ministros, la prisión permanente debería aplicarse en el futuro en cinco nuevos supuestos: asesinatos en los que el culpable obstruya la recuperación del cadáver; secuestros que concluyan con el fallecimiento de la víctima; violaciones en serie; abusos sexuales a un menor previamente retenido y torturado; y muertes en incendios, destrucción de grandes infraestructuras o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.        

Pese a que no figuraba en el plan legislativo inicial del Gobierno, el ministro de Justicia se escudó en el «sentir social» para defender la reforma y exhortar al resto de partidos a recapacitar sobre su posición. «No nos eligen los ciudadanos para que hagamos lo que mejor nos parezca, sino para que representemos a la sociedad», defendió Rafael Catalá tras situar el apoyo a la prisión permanente entre el 70 y el 80%.    

Es más, garantizó que esta pena existe en prácticamente todos los países de Europa, donde incluso son más audaces. «En Francia, Alemania o Italia delitos como la rebelión, la sedición o atentar contra los intereses de Estado tienen prisión permanente revisable», advirtió, aunque Catalá descarta importar la fórmula. En este caso, no se trata de endurecer el Código Penal como aviso a los líderes independentistas investigados por esas mismas figuras en el Tribunal Supremo. En ese ámbito, el PP ya presentó el martes una enmienda que pide prohibir el indulto a los condenados por rebelión o sedición.

Apoyo parlamentario

Para el éxito de la reforma, el Gobierno deberá emprender una ardua negociación en el Congreso. Ciudadanos no cierra la puerta a colaborar con el PP e introducir modificaciones en el Código Penal, pero Albert Rivera exige a cambio que se acepte su propuesta de endurecer las condiciones de acceso al tercer grado penitenciario. 
Esta vez, sin embargo, es posible que el Gobierno no priorice ganar la votación en el Congreso. Hasta ahora, dada la debilidad de sus 134 diputados, había procurado promover únicamente aquellas iniciativas pactadas de antemano. Pero en algunos asuntos especialmente trascendentes para el votante conservador, el PP está dispuesto a estrellarse en la Cámara baja con tal de defender su iniciativa política.

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