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La Generalitat está culminando el proceso de supresión de empresas públicas y de soltar lastre de su participación en consorcios, fundaciones, agencias o cualquier otro tipo de ente con el que tuviera mayor o menor relación. En 2011 se llegó a la cantidad de 273 entidades que gestionaban el 57% del presupuesto y el 39,5% del personal. A partir de ahí, se impuso una filosofía de adelgazamiento del sector público que aún persiste. A día de hoy, hay 79 entidades menos en Catalunya desde 2011, un saldo que se obtiene de la reducción de 97 entes y la creación, mucho menor, de 18.
El largo proceso todavía dura. Recientemente el Consell Executiu ratificaba la disolución y liquidación del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de la Selva. También reducía su participación en el Patronat de la Fundació Alicía y aprobaba disolver la sociedad Acció Catalunya-Turquía. Son los dos últimos coletazos de la profundísima reordenación de organigrama.
Llegar a las 123 empresas
Según el informe de Hacienda, entre 2011 y 2015 Catalunya se ha convertido en la comunidad que más ha ahorrado en este tipo de medidas: el reto es llegar a las 123 empresas eliminadas, lo que supondría 6.675 millones de euros de ahorro y una reducción de plantilla de 12.842 efectivos.
Los ajustes también han repercutido en entidades de Tarragona. La extinción del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Ebre y la desvinculación del Consorci del Camp de Tarragona i la seva área d’influència son algunas muestras. Otro ejemplo de la misma operación es la desvinculación con el Consorci del Teatre Fortuny de Reus, rubricada en abril de 2013. El Departament de Cultura tenía una participación del 52%. Renuncias de este tipo implican dejar la gestión, aunque pueda mantenerse una relación más o menos estable de apoyo económico.
En ocasiones, se trata de un proceso de extinción e integración, en el que un ente pasa a ser absorbido por otro. Es el caso del Institut Català d’Arqueologia Clàssica, que pasará a incorporarse bajo la tutela de la Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes), según el último informe sobre la reordenación del sector público. Ambos institutos tienen sus sedes en Tarragona capital.
La lista de poda de empresas públicas que pertenecían al Govern es interminable. Sólo algunos ejemplos: Agència de Patrocini i Mecenatge, Mesfilms Inversions, Energètica d’Instal.lacions Sanitàries, Viatges de Muntanya S. A., Agència Catalana d’Inspecció de Treball, Agència Catalana de Seguretat Industrial, Consorci Centre Innovació del Transport, Consorci Casa de les Llengües, el Consorci d’Institut d’Estudis Territorials o el Consorci Catalana Films & TV. La medida ha afectado a prácticamente todos los departamentos de la Generalitat, desde la sanidad a las infraestructuras, pasando por el marketing, el transporte, la comunicación, la cultura o la ciencia. Todas estas reducciones forman parte del proceso de racionalización y simplificación de la estructura del sector público en Catalunya.
Adiós, incineradora
Otra operación reciente ha sido la privatización de la incineradora de residuos especiales de Constantí. En enero la Generalitat vendió por 23,6millones la planta a la francesa Sarp Industries, después de dos años intentando deshacerse de ella. En octubre pasado la Generalitat sacó a subasta la incineradora por un mínimo de 7,37 millones, frente a los 42 que se pidió en su momento. Sarp Industries se quedó con el negocio tras realizar la puja más alta. Ya en julio, la Generalitat había liquidado la empresa pública Ecoparc de Residus Industrials, también en Constantí. Era el ente al que pertenecían los activos de la incineradora.
Otra instalación puntera en Tarragona es el laboratorio de investigación del automóvil (Idiada), ubicado en el polígono L’Albornar, en el Baix Penedès. También está incluido en el paquete de entidades con participación mayoritaria que han padecido medidas de racionalización, según el informe de la Generalitat.
La presente legislatura de la Generalitat viene marcada por las estrecheces económicas y por el objetivo urgente de reducir el 25% de las entidades mayoritarias del sector público. El reto se ha asumido desde el año 2010 a través de herramientas como el Pla de Govern de racionalització i simplificació, el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració o la Oficina de racionalització del sector público instrumental.
En síntesis, el conjunto de medidas de contención de la Generalitat ha implicado una reducción del 28,6% del presupuesto y una disminución del 5,3% de las dotaciones de empleados. «Las operaciones no han supuesto en la mayoría de los casos despido de personal», explica un informe del Govern. La reducción se fundamenta principalmente en la restricción de contrataciones temporales de empleados (sustituciones, refuerzos...).
Este mismo mes, el Govern decidió prorrogar dos años más el programa dirigido a simplificar el sector público. El programa vencía en 2015 y se alargará hasta 2017, siempre con el objetivo de «lograr más eficacia y eficiencia en la provisión del sector público y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas».
El ejemplo de Catalunya no es, ni mucho menos, una excepción. Por comunidades, Asturias y Castilla y León han llevado muy lejos su compromiso con la reducción del sector público. Asturias superó en un 1.000% sus objetivos, ya que pasó de eliminar una entidad prevista a diez. La segunda comunidad redujo en un 120% más de lo previsto, de dos a 24.
En total, se calcula un ahorro entre todas las comunidades de 21.586 millones y la supresión de 53.544 puestos de trabajo. Entre el 1 de enero de 2012 y julio de 2014, las comunidades autónomas eliminaron un total de 715 entes y empresas públicas, lo que supone un 141% de ejecución del compromiso inicial de suprimir 508 entidades. En concreto, las autonomías dieron de baja 526 y tienen 189 con la actividad cesada o en fase de liquidación. Quedan 1.656 de las 2.371 que existían antes del comienzo del proceso.
