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El PSOE incorporará a la reforma del Código Penal que prepara el Ministerio de Justicia el delito de apología del franquismo. La portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, explicó ayer que de esta manera España se situará al mismo nivel que otros países europeos, como Alemania e Italia, donde están tipificados los delitos de exaltación del nazismo y del fascismo.
La medida forma parte del conjunto de medidas referentes a la memoria histórica, que incluyó el PSOE en su programa electoral, y que prevé, además, completar el programa de exhumación de fosas comunes con víctimas de la represión franquista, y la retirada de toda la simbología de la dictadura en lugares públicos. «En democracia no se homenajea a dictadores ni a tiranos», resumió Lastra.
El Gobierno recoge de esta manera una resolución del Parlamento Europeo, que hace dos años aprobó una petición a los gobiernos comunitarios para que prohibieran las organizaciones que ensalzan los sistema totalitarios y a sus líderes.
La tipificación penal de la apología del franquismo colocará fuera de la ley a la Fundación Francisco Franco, dedicada al culto de la memoria del dictador.
Su respuesta fue inmediata y señaló en un comunicado que se trataría de «un gravísimo ataque a la libertad de opinión, ideológica, de expresión, de cátedra y de pensamiento». Supondría, añadió la fundación, la «criminalización de la disidencia» y la prueba palpable de que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende «imponer la izquierda desde el Boletín Oficial del Estado».
El PP ni apoyó ni rechazó la reforma, pero avisó al PSOE de que pude volverse en su contra por las relaciones del Gobierno «con dictadores o con vicepresidentes de dictadores incluso en territorio español».
La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, se refería al encuentro que mantuvo el 20 de diciembre en Barajas el ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
Ley de eutanasia
El PSOE, por otra parte, confía en que hoy martes contará con apoyos «de sobra» en el pleno del Congreso para empezar a tramitar su proposición de ley sobre la eutanasia que persigue no solo despenalizar esta práctica, sino reconocerla como un nuevo derecho individual.
Así lo trasladó la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, que como diputada del grupo parlamentario socialista será la encargada de subir a la tribuna de la Cámara Baja a defender esta norma, a la que tanto Unidas Podemos como Ciudadanos, entre otros, ya han avanzado que van a apoyar, al contrario que el PP.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, explicó que los «matices» con el PSOE en torno a la ley «están resueltos», y que la gente «no toleraría» que esas posibles diferencias retrasaran su aprobación un minuto más.
Los socialistas confían en tener apoyos «de sobra» para empezar a tramitar hoy la ley de eutanasia«Esta ley saldrá sí o sí porque esto se tiene que convertir en una realidad ya», dijo Iglesias en una entrevista en La Sexta en la que incidió en que «es una vergüenza» que 22 años después de la muerte de Ramón Sampedro las personas no puedan «terminar con dignidad» en los momentos difíciles de su vida.
La exministra de Sanidad recordó que el PNV, entre otros grupos, ya apoyó la iniciativa en las dos legislaturas anteriores (en 2018 y 2019). La tramitación parlamentaria no tuvo desarrollo debido a los adelantos electorales.
Gran consenso social
Ciudadanos, por boca de su portavoz parlamentario adjunto, Edmundo Bal, avanzó que su grupo dará un ‘sí’ a la toma en consideración de la proposición de ley porque hay un «gran consenso social» para regular esta práctica y es «complementaria» a su propuesta de muerte digna que ha registrado en la Cámara Baja.
El PP, en 2018, y Vox después en el debate de 2019, fueron los únicos que se mostraron contrarios a regular la eutanasia en España. Los populares han anunciado ya que votarán en contra y han adelantado que plantearán una normativa sobre cuidados paliativos como «alternativa a la socialista», que considera que no cuenta con consenso social.
La diputada socialista María Luisa Carcedo insistió en que la ley de la eutanasia pretende evitar que las personas que sufren una enfermedad muy grave, sin curación, con un deterioro y un sufrimiento insoportables, no tengan reconocida la integridad física o moral que garantiza la Constitución.
El texto concreta que podrá solicitar la prestación de ayuda para morir «toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar informada y que se encuentre en los supuestos de enfermedad grave e incurable o de enfermedad grave, crónica e invalidante causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables».
Destaca que «se garantiza dicha prestación sin perjuicio de la posibilidad de objeción de conciencia del personal sanitario».
En definitiva, se trata, según el texto, de introducir en el ordenamiento jurídico «un nuevo derecho individual» como la eutanasia, entendiendo ésta como la actuación que «produce la muerte de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo» por la persona que cumpla los requisitos recogidos en la ley.
