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En Tivissa (Ribera d’Ebre) la lucha viene de lejos. En concreto, nació en 2008. «Contratamos un servicio jurídico que nos asesoró. Vimos que teníamos derecho a recibir unas tasas por parte de las compañías de gas y eléctricas», dice el alcalde, Jordi Jardí.
La construcción de esas infraestructuras en el pueblo comportó, en su día, expropiaciones e indemnizaciones a los propietarios privados de los terrenos por donde debía pasar un gasoducto o un tendido eléctrico.
¿Pero qué pasaba con aquel suelo que era de titularidad municipal?. De ahí venía la reclamación de Tivissa, un municipio pionero en Tarragona en esta reivindicación. «Hicimos unos estudios de campo y creamos unas tasas municipales. Eso se comunicó a tres empresas, que fueron Enagas, Gas Natural y Red Eléctrica Española», cuenta el alcalde. Según explica, las dos primeras pagaron. «Red Eléctrica recurría pero el ayuntamiento lo iba desestimando, hasta que decidimos ir a la justicia», cuenta Jardí.
Ahora el ayuntamiento espera sentencia por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pero algo ha cambiado: el Tribunal Supremo (TS) ha avalado que los ayuntamientos graven a las empresas eléctricas y de gas por la utilización del dominio público de sus instalaciones de transporte de energía.
Un coste de hasta 50 millones
El alto tribunal español acaba de fallar en 16 sentencias distintas a favor de 14 pueblos y da luz verde a un tributo que, si lo aplican más municipios, podría llegar a costar a las compañías del sector hasta 50 millones de euros.
La sentencia ha hecho que Tivissa recupere la esperanza: «El Supremo sienta jurisprudencia, y además con carácter retroactivo. Con esto tenemos muchas esperanzas de que lo podamos conseguir. En este tiempo nos hemos sentido muy solos, pero ahora tenemos más fuerza». El caso de Tivissa es especialmente llamativo. «En nuestra superficie tenemos más de 11 kilómetros de líneas de alta tensión», confirma el alcalde. Por lo tanto, es mucha la cantidad que el consistorio ebrense reclama a Red Eléctrica Española. «Estamos hablando de más de 200.000 euros. Hay que tener en cuenta que nuestro presupuesto es de dos millones, por lo tanto, hablamos del 10% de esa cantidad», añade Jardí.
Alta tensión y gas
El Supremo ha avalado ahora las Ordenanzas Fiscales del año 2014 de ayuntamientos como Arteixo (A Coruña), Serradilla (Cáceres) y Villalcampo (Zamora) que establecían la regulación y las tarifas de la tasa. El alto tribunal acepta que los ayuntamientos valoren como construcciones las líneas eléctricas de alta tensión y las canalizaciones de gas a efectos del cálculo de la base imponible de la tasa por utilización del dominio público local.
En contra del criterio de las empresas, el Supremo valida este gravamen, que se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes no fuesen de dominio público.
Josep Maria Sabaté, profesor del Departament de Dret Públic de la URV, cree que es de recibo considerar las reclamaciones: «Efectivamente, el derecho está, hay una ocupación del dominio público y se produce un aprovechamiento, un rendimiento. Está claro que hay un aprovechamiento difrente del que hace el común de los ciudadanos. Hay que ver, eso sí, dónde está la frontera, para que el pago sea ajustado».
Las sentencias concluyen que los ayuntamientos han aplicado para determinar la tasa unos parámetros objetivos, proporcionados y no discriminatorios. Hasta ahora las empresas no habían pagado por atravesar los términos municipales, a pesar de que se instaurara la tasa en su momento. Recurrir era una opción.
Los municipios que se verán beneficiados serán unos 5.000 en toda España. Se espera que la sentencia del Supremo, además de beneficiar a Tivissa en su lucha, haga que otros municipios emprendan batalla judicial. Entidades como la Federación Española de Municipios y o la Federació de Municipis de Catalunya emplazan a los ayuntamientos a preparar ordenanzas al respecto.
