El Tribunal Supremo condenará por sedición a los líderes del Procés

El Procés independentista de otoño de 2017 no llegó a ser un delito contra el orden constitucional porque le faltó la intensidad y la violencia que requiere la rebelión. La intentona secesionista catalana de hace dos años se quedó en un delito contra el orden público. El procés fue una sedición, un «alzamiento público y tumultuario contra la autoridad», que no llegó a poner en peligro al Estado ni a su integridad territorial. Y es que los exmiembros del Govern no instigaron la violencia pero sí que promovieron los incidentes de aquellos convulsos días con el objetivo de impedir la aplicación de las leyes.

Así lo va a certificar -y por unanimidad- el Tribunal Supremo en su sentencia por la intentona secesionista, según el borrador entregado el miércoles a los siete magistrados y que está pendiente de rúbrica, por lo que es susceptible de cambios, tal y como advirtió ayer sábado el propio presidente del tribunal, Manuel Marchena.
La sentencia se dará a conocer a principios de la próxima semana ya con el cuadro de penas de prisión para cada uno de los líderes independentistas (penas escalonadas en función de la participación de cada uno en los hechos).

Ese fallo condena por ese delito de sedición a nueve de los doce imputados que se sentaron en el banquillo entre el 12 de febrero y el 12 de junio. Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y los dirigentes de las entidades soberanistas Òmnium Cultural y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, respectivamente. Todos ellos se encuentran en prisión preventiva y se despedirán durante un larguísimo periodo de tiempo de la vida institucional porque el Supremo también les impone una larga pena de inhabilitación pública.

Según han revelado fuentes cercanas al Supremo, varios de los nueve líderes independentistas condenados por sedición lo serán en «concurso medial» con otro ilícito de malversación, lo que agravará ligeramente su pena. El tribunal que preside Manuel Marchena entiende que varios de los exmiembros del Ejecutivo Puigdemont para su «alzamiento» hicieron uso de fondos públicos de las consejerías y departamentos sobre los que tenían responsabilidad.

Momentos puntuales

El fallo incidirá en que los líderes del procés intentaron impedir, en momentos puntuales con el uso de la fuerza y con métodos ajenos a las vías legales, la aplicación de las leyes y de las resoluciones judiciales, en particular aquellas que proscribieron las leyes de desconexión o que prohibieron los actos administrativos para poner en marcha el referéndum.

La sedición cometida por los procesados -apuntará la resolución- incluso pudo tener el mismo objetivo de una hipotética rebelión (suprimir el orden constitucional), pero los imputados nunca tuvieron la voluntad de hacer un uso instrumental de la violencia para esos fines. Los líderes del Procés -afirmará la resolución- no instigaron esa violencia en aquel convulso otoño.

Es por ello que también los magistrados rechazan condenar a los encausados por conspiración o tentativa para la rebelión. Según el Supremo, no cabe hablar de planes preparatorios fallidos o ejecuciones imperfectas de un delito de rebelión porque jamás en la cabeza de los imputados estuvo la idea de «alzarse violenta y públicamente» para conseguir «declarar la independencia de una parte del territorio nacional».

La negativa a condenar por rebelión (ya sea consumada o en grado de conspiración o tentativa) no será el único varapalo que contenga la sentencia de la Sala Segunda. Los siete magistrados también tienen previsto rechazar la petición que el Ministerio Público hizo en sus conclusiones finales en junio sobre el cumplimiento de penas de los procesados.

La Fiscalía reclamó a la sala que aplicara a los condenados el artículo 36.2 del Código Penal que veta a los penados acceder al tercer grado penitenciario hasta que hayan cumplido la mitad de su condena.

Marchena, «disgustado» por la filtración del fallo

Manuel Marchena, el presidente del tribunal que juzga a los políticos y activistas independentistas catalanes, mostró ayer su «disgusto» por la filtración del contenido del fallo en el que lleva trabajando desde junio y que había intentado blindar a las indiscreciones por tierra, mar y aire.  «Una sentencia no está terminada hasta que la firma el último magistrado», advirtió, no obstante, en una conversación informal con periodistas en los corrillos posteriores a la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional.

«No puedo decir que estoy enfadado porque estaría confirmando las filtraciones», dijo el magistrado, quien reconoció que, en realidad, era muy difícil evitar que se conocieran los detalles claves del fallo antes de su publicación oficial cuando la sentencia tenía que «pasar por las manos de doce personas» para su supervisión.