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José M. Camarero
Siete años después de que parte de la banca comenzara a recibir millonarias ayudas públicas para evitar su quiebra, la factura de ese rescate no se encuentra liquidada. Hasta el 31 de diciembre de 2015, el coste global de este apoyo se encontraba en los 60.718 millones, según el último informe del Tribunal de Cuentas. Se trata de una cifra similar a las actualizadas tanto por el Banco de España –61.495 millones, de los que se han recuperado 2.686–, como por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), donde ofrecen unos cálculos que alcanzan los 60.634 millones.
Más allá de estas diferencias, que dependen fundamentalmente de los plazos temporales analizados, el Tribunal de Cuentas advierte de que la estimación de este coste «no puede considerarse definitiva» hasta que no se materialice la venta de las participaciones que el Estado mantiene en el sector –más del 60% en Bankia y BMN–, tal y como indica en ese documento.
El órgano fiscalizador anticipa que cuando se realice la transmisión de esas propiedades, la operación «puede provocar un incremento o disminución» de la factura estimada que asumirá la Administración en este rescate. Porque la valoración de las acciones que el FROB mantiene en ambas entidades se encuentran consignadas como un deterioro de 11.187 millones a finales de 2015. Si con la venta de esas participaciones se consigue un resultado inferior, aumentará el coste que el Estado asuma en su rescate.
Otras circunstancias
El Tribunal de Cuentas incluye otras circunstancias que podrían modificar la factura total de las ayudas a la banca, como la evolución del valor de las garantías otorgadas por el propio FROB así como por el Fondo de Garantía de Depósitos; o la de la deuda subordinada de la Sareb –el banco malo que se quedó con los activos tóxicos del sector–, entre otras.
El Gobierno tiene previsto liquidar durante este año sus posiciones en Bankia y BMN, tal y como le exige la legislación. Pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, no ha aclarado si se venderán ambas entidades de forma separada o se integrarán en un solo grupo financiero, dependiendo de cuál es la opción que ofrezca menor coste al Estado.
El conjunto de los recursos públicos comprometidos para salvar a la banca asciende a 122.122 millones. En esa cuantía se incluyen no sólo los más de 60.000 millones inyectados al sector –de los que 46.021 millones corresponden a aportaciones directas y cuotas participativas–, sino también garantías comprometidas por 36.377 millones, como los esquemas de protección de activos para cubrir potenciales pérdidas.
Gastos ‘innecesarios’
Las entidades que más le han costado a los españoles han sido Catalunya Caixa, cuya reestructuración ha superado los 12.676 millones; BFA-Bankia (12.347); Caja del Mediterráneo (11.000); y Novacaixagalicia, con 9.159 millones.
En el conjunto de costes asignados al Estado por el rescate también se incorporan los ligados a las comisiones y gastos de gestión, por un valor de unos 2.000 millones. Precisamente sobre estas partidas, el Tribunal de Cuentas sostiene que el FROB incurrió en una serie de gastos «innecesarios» en todo el proceso de salvación bancaria.
En concreto, indica que el organismo financiero contrató con expertos independientes la elaboración de informes sobre varias entidades sobre las que se iba a intervenir, aunque lo hizo «antes de que estas solicitaran formalmente apoyos financieros», lo que para el órgano fiscalizador supone una «anticipación» que costó más dinero del debido. Además, recuerda que el FROB no repercutió después esas cantidades a los propios bancos beneficiados con su rescate, como ya había recomendado en sus informes anteriores.
El estudio del tribunal indica que el FROB tampoco definió un «procedimiento para imputar los ingresos, gastos y costes incurridos en cada proceso de resolución», que le hubiera permitido haberse deducido y retenido «importes mayores» que los obtenidos inicialmente.
