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La decisión de Pedro Sánchez de llamar a las urnas el próximo 28 de abril y no hacerlas coincidir con las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo supondrá un gasto extra para las arcas públicas de unos 175 millones de euros. Esa fue la factura que dejaron los comicios que tuvieron lugar el 26 de junio de 2016, en las que el Estado destinó 130 millones en concepto de gastos de organización y 44 millones en subvenciones para los partidos que concurrieron a ellas. Diez millones menos de gasto que las que se celebraron seis meses antes, el 20 de diciembre de 2015, y que dejaron un nuevo tablero político con la irrupción de dos nuevas formaciones, Podemos y Ciudadanos.
De toda esa cantidad, el grueso correspondió a los costes organizativos de la maquinaria electoral. 48 millones fueron a Correos (para el voto por correo y buzoneo o la propaganda electoral); 12,8 a la difusión de los datos y escrutinio a través de los medios y 12,5 a logística. Los otros 55 millones se fueron a pagar al personal de la Administración que intervino en cada uno de esos procesos electorales, incluidos los operativos especiales de seguridad, a los que se destinaron 13 millones de euros. También se reservaron 1,7 millones para imprevistos.
El resto del presupuesto va destinado a financiar a los partidos que concurren a los comicios. Con estas aportaciones públicas las candidaturas pagan el coste de sus campañas. Entre el 20-D y el 26-J sumaron un total de cien millones de euros por este concepto. Según el BOE, el Estado subvencionó con 21.167,64 euros cada escaño del Congreso y del Senado que los partidos obtuvieron el 26-J, la misma cantidad que en el 20-D y 465,69 euros menos que en los anteriores comicios generales de 2011. Este sistema prima a los partidos con mejores resultados y es letal para aquellos que no consiguen escaños.
