El caso de Torredembarra tiene otras 20 denuncias bajo secreto de sumario

El caso de corrupción de Torredembarra va para largo. El juez que lo investiga tiene aún más de veinte denuncias bajo secreto de sumario. «Creo que todavía habrá más sorpresas», afirma Montse Gassull, la exconcejal de ERC que destapó la trama. De momento, sólo han salido a la luz presuntas irregularidades cometidas por el anterior equipo de gobierno (formado por CiU, PP y el grupo independiente GIT) en torno al alquiler de dos locales, contratos con la consultora Efial, comisiones de Teyco por la construcción del parking Filadors y la adjudicación de la gestión del agua y el alcantarillado.

«Este caso es más gordo de lo que se pensaba al principio», dice Gassull. Afirma que tanto CDC como ERC estaban al corriente de las supuestas ilegalidades cometidas en el Ayuntamiento de Torredembarra durante el mandato de Daniel Masagué (CiU): «Estaban al tanto de los procedimientos presuntamente ilegales, la falta de transparencia, la presunta malversación de fondos públicos, el secretismo, la opacidad y las malas formas de gobernar».

«Ni Artur Mas ni Oriol Junqueras pueden decir que no lo sabían, porque ?estaban enterados de primera mano. De hecho la propia gente de CDC alucinaba», añade.

La exconcejal señala que ERC la apoyó y asesoró cuando denunció el caso, pero luego la dejaron sola: «Mi abogada pidió una reunión con la dirección de ERC para explicar el calado de los presuntos delitos y no se nos concedió». Gassull acabo abandonando el partido republicano y se pasó al grupo de no adscritos en el consistorio. En las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo se presentó como cabeza de lista de la nueva formación Compromís amb Torredembarra, pero no consiguió ningún edil.

«Duele tener que denunciar irregularidades cometidas en tu Ayuntamiento, protagonizadas por personas que conoces. Pero duele más todavía que hiciesen caso omiso a los avisos de ilegalidad de los técnicos municipales y los que yo hacía a nivel privado y público y en los plenos», comenta.

Gassull asegura que un empresario la intentó ‘comprar’ con 12.000 euros para que votase en un pleno municipal a favor de la petición de un crédito de cinco millones de euros. Se negó. Denunciar lo que estaba sucediendo le pasó factura, tanto a nivel político como personal. «Amenazas directas no he recibido, pero sí indirectas. Me rayaron el coche en el aparcamiento de concejales del consistorio. Lo denuncié a la Policía Local. Mi familia y mis amigos han sufrido mucho por mí», recuerda.

Considera que el caso de Torredembarra se podría haber evitado si tanto los cargos electos del gobierno municipal como los de la oposición hubiesen velado por los intereses generales, cumpliendo las competencias que les habían sido delegadas.

«La política no es un pasatiempo ni un seguro de sueldo de por vida o un escaparate de lucimiento. Es una responsabilidad muy grande con una gran dosis de trabajo y dedicación por el bien de las personas, el buen funcionamiento de los servicios y la administración honesta del dinero público», manifiesta.

La trama de corrupción se descubrió a raíz de que los grupos municipales del PSC y ERC denunciaran en 2012 a la Fiscalía de Tarragona varias irregularidades presuntamente cometidas bajo la alcaldía de Masagué. La investigación dio un vuelco a partir de las denuncias en 2013 de Gassull y Rachid El Ghzaoui, exempleado de la empresa panadera de Masagué, acerca de intento de sobornos a concejales y movimientos de dinero en billetes de 500 euros. Derivó en un registro de más de 14 horas en el Ayuntamiento y en la empresa y domicilio del exalcalde el 26 de junio de 2014.

La Guardia Civil detuvo a Masagué, a seis concejales y a un empresario local. El alcalde dimitió semanas después desde la cárcel de Brians y Torredembarra se sumió en una grave crisis de gobierno que se zanjó con la elección de Enric Grangel (PSC) como nuevo alcalde.

En todo este caso, el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell ha imputado a más de treinta personas, entre ellas la interventora municipal, la jefa de contratación, el ingeniero de obras, ?el excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento, tres empresarios locales –dos de ellos, los dueños de los locales alquilados– o los dos interventores del Ayuntamiento de Barcelona.