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El informe que tumbó al coronel Pérez de los Cobos

El texto presentado a la juez considera que «no debió realizarse ninguna manifestacion» el 8-M

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO

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Diego Pérez de los Cobos, el 6 de marzo del año pasado en el Tribunal Supremo durante el juicio del Procés. FOTO: ACN

Diego Pérez de los Cobos, el 6 de marzo del año pasado en el Tribunal Supremo durante el juicio del Procés. FOTO: ACN

El Gobierno de Pedro Sánchez tenía un «profundo conocimiento» de los riesgos de la epidemia de coronavirus a finales de enero. Así lo consideran los expertos de la Guardia Civil en el informe que remitieron el pasado 21 de mayo al juzgado número 51 de Madrid, donde se investiga si el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, incurrió en prevaricación del Ejecutivo por autorizar las marchas feministas del 8 de marzo (8-M) y al que ha tenido acceso este periódico. Según los datos aportados por estos agentes, «no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria de la Covid-19», y fijan el 5 de marzo como fecha en la que se deberían haber tomado medidas restrictivas para evitar las aglomeraciones de personas en espacios públicos.

En el documento, de 83 páginas, sale a la luz un día después de la destitución del jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Pérez de los Cobos, después de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, considerase que hubo una «pérdida de confianza» por parte de su subordinado. El movimiento precipitó también la dimisión ayer del número dos de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña.

Congreso evangelista

La Guardia Civil tiene constancia que entre el 5 y el 14 de marzo se celebraron en Madrid 130 reuniones o manifestaciones sin que la Delegación del Gobierno planteara ninguna objeción, y otras 35 fueron desconvocadas.

Pero el ejemplo más paradigmático para los investigadores tiene que ver con un congreso evangelista en Madrid (IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios: Unlimited 2020), previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo con un aforo estimado de 5.500 personas. Dicho evento, asegura el informe, fue «cancelado por motivos sanitarios» el 6 de marzo «tras haberse celebrado reuniones con responsables de Sanidad que habrían desaconsejado la celebración».

«Se canceló por reunir a personas de muchos países, también de los que se consideraban de riesgo en ese momento», justificó ayer martes en rueda de prensa el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que considera que los eventos multitudinarios celebrados en aquellos días, incluida la marcha del 8-M o varios partidos de fútbol, «tuvieron un efecto marginal en la transmisión de la pandemia en España».

El informe subraya en sus conclusiones que las «recomendaciones imperativas» que se transmitieron desde el Ministerio de Sanidad al «colectivo evangélico» y el «nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones» son indicios de la «preocupación» de estos frente a la pandemia y «su interés real por velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios».

Valencia-Atalanta y errores

Otro de los focos mediáticos más polémicos por posibles contagios fue el partido Valencia-Atalanta, que motivó el viaje de muchos aficionados el 9 de marzo. Los investigadores dicen que «se permitió que hinchas italianos viajaran a Valencia en plena crisis en Italia», sin tomar ninguna medida de seguridad.

Pero el documento remitido al juzgado también cuenta con varios errores.

En el apartado de recomendaciones se incluye que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como pandemia mundial el 30 de enero, cuando esto realmente se produjo el 11 de marzo, tres días después del 8-M. También hay imprecisiones a la hora de enumerar los datos de casos y fallecimientos por la Covid-19.

En plena tormenta en la cúpula de la Guardia Civil, el responsable de Interior anunció ayer la partida que completa el acuerdo alcanzado en 2018 para que Policía y Guardia Vicil igualen sus sueldos con Mossos y Ertzaina (ver despiece). Alegó que era un compromiso del Gobierno, y que se ha negociado con distintos ministerios. Según apuntó el ministro, los agentes no había demandando este tercer tramo por «su coherencia y solidaridad» en estos meses «difíciles y complejos», pero el Gobierno era consciente de la necesidad de hacer «un esfuerzo complementario» para ejecutar el compromiso alcanzado en 2018 con unas fuerzas y cuerpos de seguridad, «cuyo trabajo y profesionalidad reconoce la sociedad», defendió Grande-Marlaska.

El líder del PP, Pablo Casado, reprochó al Gobierno de Pedro Sánchez que intentara tapar la polémica con una medida que «aprobó el PP».

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