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El juez Antonio Serrano-Arnal, instructor del llamado ‘caso Rato’ en esta fase inicial, ha ordenado el bloqueo de todas los productos financieros que tenga activos el que fuera vicepresidente del Gobierno en la época de José María Aznar. Con esta medida preventiva, en principio de carácter temporal aunque drástica –en la práctica, se inmoviliza todo su patrimonio mobiliario–, se persigue evitar que Rodrigo Rato pueda hacer movimientos que dificulten la investigación y un futurible embargo.
El bloqueo, según fuentes del sector bancario, abarca los productos financieros clásicos, desde cuentas corrientes a otro tipo de depósitos, pasando por fondos de inversión y de pensiones, préstamos a su nombre e incluso valores bursátiles (dividendos) gestionados a través de este tipo de entidades. La medida es extensible a las sociedades de vinculación directa con Rato.
Asimismo, el magistrado ha pedido a los bancos que le faciliten los movimientos de las cuentas del expolítico desde 2009, cuando se inicia el período que investiga la Fiscalía. La orden judicial ha sido trasladada ya a las tres patronales financieras: la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).
Es la primera diligencia que ordena el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid tras hacerse cargo del ‘caso Rato’, que sigue bajo secreto de sumario, tras ser repartido.
El Gobierno hizo uso de las armas que facilita el sistema judicial para acelerar las pesquisas que la Agencia Tributaria comenzó hace casi un año sobre el patrimonio de Rodrigo Rato. Así, lo que debía haberse convertido en una investigación posterior y más sosegada desde la Fiscalía Anticorrupción, devino en una denuncia precipitada a instancias de Hacienda.
Este es el relato de los hechos en el que este viernes coincidieron varias fuentes jurídicas y políticas consultadas, que pusieron también de manifiesto el malestar existente entre algunos magistrados de la Audiencia Nacional ante la jugada realizada desde el Ejecutivo -se da por hecho que la Agencia actuó con el visto bueno del Ministerio-, pues entienden que hay indicios de peso que vinculan, al menos, parte de la investigación sobre el exministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el ‘caso Bankia’. «Lo que pasa –apuntan– es que a su instructor no le gustan precisamente los circos mediáticos».
Alzamiento de bienes
Para justificar su postura, señalan uno de los delitos que se citan en la denuncia que ya tramita el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal: el alzamiento de bienes. Consideran que esta ocultación de su patrimonio real a la acción judicial sólo tendría sentido para evitar que fuera intervenido en pago por las dos fianzas que ya le requirió el magistrado del ‘caso Bankia’, Fernando Andreu.
La primera, de tres millones de euros, se le pidió en octubre por su responsabilidad en el despilfarro con las tarjetas ‘Black’ de Caja Madrid y Bankia. La segunda sería su parte proporcional en la fianza solidaria de 800 millones que el juez impuso al banco y sus exadministradores por las irregularidades en su salida a Bolsa. La Fiscalía Anticorrupción ya sospechaba desde hace meses que Rato podía ocultar parte de su patrimonio mobiliario en el exterior, dado que el expolítico metido a financiero cubrió los primeros tres millones con un aval del Banco Sabadell tras haber alegado inicialmente que no tenía medios económicos suficientes. Y ello sin que constara una hipoteca sobrevenida de sus casas.
Por ello, cuando supo de las pesquisas iniciadas por la Agencia Tributaria a raíz de las discrepancias detectadas en la información fiscal del exministro -su declaración obligatoria de bienes en el extranjero hecha en 2012 no coincidía con los datos que se tenían de la amnistía de la que se benefició ese año, (junto a otros 30.000 ciudadanos) ni tampoco con otros movimientos detectados-, solicitó que se hiciera una investigación más profunda. Su idea era unir el presunto alzamiento de bienes vinculado a Bankia con los posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal (por los ejercicios de 2012 y 2013),_de los que Hacienda había empezado a encontrar ya primeros indicios. Entre los tres podrían sumar penas de hasta 15 años de cárcel en un hipotético juicio.
