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El nuevo bono social estatal irá en función de la renta del consumidor

El Ejecutivo anuncia que habrá ‘intensidades de ayudas diferentes’ y que no podrá cortarse la luz en los casos más graves. La norma estará lista cuando el invierno ya habrá terminado

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El portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo (i), y el ministro de Energía, �lvaro Nadal, ayer. FOTO: EFE

El portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo (i), y el ministro de Energía, �lvaro Nadal, ayer. FOTO: EFE

J. M. Camarero

El nuevo bono social ha dado su primer paso después de que el Consejo de Ministros de ayer aprobara el decreto ley que servirá para desarrollar las normas que rijan las ayudas a los consumidores vulnerables en materia energética. A falta del desarrollo normativo, que estará listo dentro de tres meses, el ministro de Energía, Alvaro Nadal, anticipó que los usuarios tendrán «intensidades de ayudas diferentes» en función de su renta y que, en cualquier caso, no se podrá cortar la luz en los casos más graves.

El ministro también aclaró que en el nuevo modelo se definirá de forma más clara al consumidor vulnerable y mejorará su protección. Hasta ahora, los usuarios que se beneficiaban del bono social disponían de un descuento del 25% en la parte del consumo del recibo, siempre que pertenecieran a determinados colectivos sociales: familias numerosas, pensionistas con prestaciones mínimas, parados de larga duración y titulares de viviendas con escasa potencia contratada. A partir de ahora se establecen cuatro tipos de consumidores: el ordinario; dos categorías de titulares de contratos vulnerables con distintos niveles de descuentos en la tarifa; y el perfil más extremo, atendido por los servicios sociales de las comunidades autónomas y ayuntamientos, a quienes no se les podrá interrumpir el suministro a pesar del impago de las facturas. En este último caso, el coste de la medida será confinanciado por las eléctricas a través de su aportación al bono social.

Además, se amplía de dos a cuatro meses el periodo de preaviso con el que cuentan los ciudadanos más vulnerables antes de que les corten la luz, y las compañías tendrán que contactar con las administraciones para comprobar si se encuentran en situación de pobreza extrema.

En octubre, el Tribunal Supremo anuló el modelo de financiación del bono social -que supone unos 200 millones al año- porque consideraba discriminatorio el hecho de que sólo tuvieran que respaldarlo las grandes corporaciones. A partir de ahora, serán todas las compañías comercializadoras -incluidas las pequeñas, en proporción a la cuota de mercado que tengan-.

De hecho, parte de estas compañías se habían mostrado reiteradamente en contra del sistema del descuento del 25% en las facturas al considerar que entre los 2,4 millones de beneficiarios del bono social se incluían familias numerosas con altos ingresos, así como propietarios de segundas residencias aunque tuvieran escasa potencia contratada. Las peticiones del sector pasaban por esta relación aprobada en el consejo de ministros que vincula los ingresos de cada familia.

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