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El padre maltratador perderá el régimen de visitas en 2018

Es una de las primeras medidas que entrará en vigor de las 213 con que cuenta el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el que se invertirán mil millones en cinco años

EFE

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Manifestación contra la violencia machista, el pasado 25 de noviembre en Barcelona. FOTO: ACN

Manifestación contra la violencia machista, el pasado 25 de noviembre en Barcelona. FOTO: ACN

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género dio ayer su último paso. Comunidades, ayuntamientos y el Ministerio cerraron el acuerdo para aplicar las 213 medidas aprobadas a finales de julio en la Comisión de Igualdad del Congreso, y en septiembre por el pleno. La primera batería de medidas entrará en vigor en 2018. 

Hacen especial hincapié en la asistencia y protección de los menores, ya que se suspenderán los regímenes de visitas del padre maltratador. También se le impedirá acceder a las grabaciones de la exploración judicial de los menores. Se realizarán estudios sobre la situación de los más pequeños, se reforzará el apoyo y la asistencia y se formará a quienes trabajen con infancia y adolescencia. Una formación que se ampliará a los profesionales de la Administración de Justicia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, abogados y procuradores. 

Mejorar la inspección, prevenir la violencia de género en todas las etapas educativas, y formar al profesorado, son otras de las medidas aprobadas. 

El compromiso es invertir unos mil millones en cinco años: 400 millones los ejecutarán los ministerios, 500 millones las comunidades, y 100 los ayuntamientos. El texto consensuado amplía el concepto de violencia de género a todo tipo de violencia contra la mujer, desde la mutilación genital, a la trata de mujeres, pasando por el acoso, el proxenetismo y el matrimonio forzado. Además, se establece la creación de unidades de valoración forense en todos los juzgados, un aumento considerable del policías especializados y de centros de acogida, programas de cribado en atención primaria, asistencia jurídica desde antes de la denuncia, la renovación de protocolos y el aumento del uso de dispositivos para el control de los maltratadores.

La implantación de un subsidio para víctimas paradas, la supresión del atenuante de confesión del agresor, ejecutar la libertad vigilada hasta que la condena esté vigente, y campañas contra la prostitución son otras de las medidas. Desde 2003, 918 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 47 este año.

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