El parón judicial por la Covid motiva un desplome del 90,6% de los desahucios

En el segundo trimestre hubo 1.383, la mayoría por impago del alquiler, y 300 por ejecuciones o embargos de una propiedad para su venta

26 septiembre 2020 08:50 | Actualizado a 26 septiembre 2020 11:08
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El estado de alarma por la crisis del coronavirus y la consiguiente paralización de la actividad judicial no esencial marcaron el histórico desplome registrado por los lanzamientos o desahucios practicados en España entre abril y junio, en pleno pico de la pandemia, cuando cayeron un 90,6%.

Una evolución que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomiendan «tomar con cautela» dadas las características de este periodo, en el que los concursos de acreedores de personas físicas superaron por primera vez a los de las empresas, y en el que retrocedieron de forma sensible las demandas por despido.

La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma supuso la completa paralización de la actividad judicial en todo el país, especialmente en el segundo trimestre, el más afectado por la situación sanitaria.

De ahí que el órgano de los jueces sea precavido con la interpretación de las cifras, y asegure que «es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan».

Según el informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales», publicado ayer viernes, durante el segundo trimestre del año se practicaron en España 1.383 desahucios, nuevo mínimo de la serie histórica, de los que la mayoría, 1.013, estuvieron vinculados al impago del alquiler (un 89% menos), y 300, a ejecuciones o embargos de una propiedad para su venta (un 92,1% menos).

Por comunidades autónomas, Andalucía, con 275, concentró el mayor número de desahucios en este trimestre, seguida de la Comunidad Valenciana, con 195; Catalunya, con 148, y Castilla y León, con 126. Estos cuatro territorios acumularon casi el 54% del total de lanzamientos practicados en España entre abril y junio.

También evolucionaron a la baja las propias ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad tras el impago de un crédito, que se redujeron un 12,2%, hasta las 3.387.

El mayor número de ellos se dio en Catalunya, con 826 (el 24,4% del total nacional), seguida de la Comunidad Valenciana, con 659; Andalucía, 588, y Murcia, 273.

El informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales» refleja asimismo na bajada del 20,6 % en los procedimientos por ocupación ilegal de viviendas durante el segundo trimestre, con 757 demandas frente a las 953 del año anterior. Andalucía fue la comunidad con el mayor número de demandas, 236 (el 31,2% del total), seguida de Catalunya, con 141; Comunidad Valenciana, con 88, y Madrid, con 80.

Los datos, disponibles desde el tercer trimestre de 2018 corresponden a los casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, excluyendo otros poseedores como bancos.

Asimismo, el informe pone en evidencia el retroceso de los concursos de acreedores, que en conjunto bajaron un 22,7%, hasta los 2.305, respecto al mismo periodo de 2019. Por primera vez desde que hay registros, los concursos de personas físicas (1.176) superaron a los de las empresas (1.129); aun así, ambas cedieron un 6,2% y cerca de un 35%.

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