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El 'top manta' mueve 50 millones al año en la costa de Tarragona

Un informe señala la presencia de manteros en al menos 11 poblaciones tarraconenses. La solución es compleja y va desde la pedagogía con el consumidor a la actuación policial
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Algunos puestos de manteros ubicados en el Cap Sant Pere, en la frontera entre Cambrils y Salou.  Foto: pere ferré

Algunos puestos de manteros ubicados en el Cap Sant Pere, en la frontera entre Cambrils y Salou. Foto: pere ferré

La Confederació de Comerç de Catalunya le ha puesto cifras al fenómeno del ‘top manta’, a pesar de que se trate de una actividad que, por ilegal, resulte difícilmente cuantificable en estadísticas y números. Según una estimación del ente, el negocio de las ventas de falsificaciones mueve en la costa de Tarragona alrededor de 50 euros anuales, aproximadamente la mitad de lo que genera en toda Catalunya. «La mitad de la actividad se concentra en Tarragona. Después queda un 25% en Barcelona y otro en 25%», cuenta Miquel Àngel Fraile, secretario general de la Confederació, uno de los organismos más batalladores, en tanto que afectado.

Al drama vital de los vendedores, su supervivencia y la persecución que sufren, o al trasfondo de trama internacional, se añade el de la queja de aquellos comerciantes que se sienten agraviados en municipios como Sant Carles de la Ràpita, L’Ampolla, L’Ametlla de mar, Salou, Cambrils, El Vendrell o Calafell. Un informe de la Confederació de Comerç detectaba manteros en 30 ciudades catalanas y en 11 de la provincia de Tarragona. También cifraba en 2.500 los manteros que venden artículos en toda Catalunya.

‘Estirem de la manta’

En alguno de los municipios (Salou se erige en el epicentro y el verano es la época álgida) durante los últimos años se han llevado a cabo actuaciones en el marco de la campaña ‘Estirem la manta’. «Hemos luchado para erradicar el ‘top manta’, que hace unos años se instaló como un fenómeno permitido, como un modus vivendi aceptado que vino a quedarse. Detrás de la manta hay varios factores: una explotación de personas en situación irregular, prácticamente de esclavitud, una salida de productos falsificados sin ningún tipo de seguridad que afecta también a aquellos trabajadores que elaboran los originales», cuenta Miquel Àngel Fraile, que añade: «Se compran gafas de sol, colonias, perfumes, ropa mal confeccionada... toda una serie de productos que desde el punto de vista del consumidor no tienen las garantías suficientes».

La trágica muerte, bajo investigación judicial, del senegalés Mor Sylla, al caer desde el balcón de un tercer piso en Salou en una inspección de los Mossos d’Esquadra ha vuelto a poner el foco sobre los vendedores, fundamentalmente senegaleses que han logrado copar el mercado buscando una forma de ganarse la vida.

Ellos son conscientes de que la actividad que realizan es ilegal pero admiten que no tienen alternativa. También confiesan, en los diferentes paseos marítimos donde habilitan sus paradas al caer la noche, que siempre están preparados para salir corriendo si llega la policía. Se suelen trasladar en tren y a veces llegan a hacer 80 kilómetros diarios (40 de ida y otros tantos de vuelta).

Apelar a la concienciación

La inercia actual es que sean ellos mismos quienes compran los productos que acaban vendiendo, a diferencia de hace unos años, cuando el material que se ofrecía en la calle (con regateos constantes con el comprador) pertenecía a algún compatriota en un escalafón superior en la cadena.

Para algunas entidades, la lucha contar el top manta debe partir también de la pedagogía. Así, hace unos años municipios como Salou, Cambrils o Roses decidieron imponer sanciones a los compradores por considerar que se fomenta la venta ilegal y las mafias con su consentimiento. En 2011, la Generalitat intensificó las campañas contra el top manta y aprobó la Ley Ómnibus, un amplio paquete legislativo en el que se recoge la posibilidad de sancionar a los compradores.

Desmantelar pisos

Sin embargo, el Govern ha optado más por impulsar una política sensibilizadora combinada con actuaciones coordinadas con otros cuerpos policiales. Tras los sucesos de Salou, la actividad policial irá más encaminada al desmantelamiento de los pisos almacén para guardar material y desde donde se distribuye a los vendedores, que a los enfrentamientos con los manteros en la vía pública, puesto que genera más riesgos para los vecinos. Además, la reforma del Código Penal ha vuelto a castigar con penas incluso de prisión la venta ambulante en la calle.

A corte de ejemplo, algunas cifras sirven para dar idea de la magnitud de un negocio que mueve tan ingentes cantidades de dinero. Según Hacienda, el año pasado se realizaron 137 operaciones en las que se detuvieron a 124 personas y se confiscó material por valor de 151,9 millones, generalmente a raíz de inspecciones en aduanas. En los últimos años abundan las operaciones cada vez de mayores dimensiones. En abril, sólo una operación en Algeciras permitió interceptar 309.416 artículos falsificados por un valor de 17,5 millones. Fue la operación más importante contra la piratería industrial en España desde 2008.

«Sabemos que el problema es complejo y de difícil arreglo pero el comercio no tiene que ser el pagano. ¿No hemos luchado para que en el campo no haya inmigrantes ilegales trabajando?. ¿No ha habido avances en el tema de la seguridad viaria?. Aquí tiene que ser lo mismo», sugiere Fraile. En cualquier caso, el debate de la solución se adivina espinoso e intrincado, en un contexto en el que algunos reclaman que la actuación debe atacar a la raíz, que no es otra que la situación en los países emisores de emigrantes. «El 65% del dinero que se pierde en África es por la elusión de impuestos de empresas transnacionales. Si nuestros gobiernos lucharan contra eso muchos no tendrían que venir masivamente a Europa para malvivir», confiesa Francesc Mateu, director de Oxfam Intermón en Catalunya.

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