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El último gran juicio contra ETA en España duró ayer exactamente 29 minutos. El macroproceso contra los 47 activistas y abogados abertzales acusados de ser la correa de transmisión entre ETA y sus presos ( y en el que se jugaban penas de un millar de años de cárcel) acabó con un pacto con la Fiscalía y el resto de acusaciones (AVT y Dignidad y Justicia) para que solo dos de los procesados pisen la prisión y solo por unos meses. El acuerdo pasa por admitir las acusaciones del Ministerio Público. O sea, reconocer que los letrados defensores de los presos de ETA y los dirigentes de las asociaciones de solidaridad con los reclusos en realidad recibían y acataban instrucciones de la cúpula de la banda. A cambio, la Audiencia Nacional les condenará a penas muy leves, de entre tres años y medio y un año de prisión, muy alejadas de los castigos de entre ocho y catorce años de reclusión que reclamaba en un principio la Fiscalía.
Beneficiados
El acuerdo, aunque esperado ya que llevaba labrándose varias semanas, provocó sorpresa, y no solo por el hecho de que las asociaciones de víctimas se sumaran al pacto de la Fiscalía, sino por la circunstancia de que entre los más beneficiados por el pacto estuvieran varios de los letrados que durante años participaron en la estrategia de no reconocer al tribunal, no participar en los juicios, y renunciar a la defensa activa de los etarras, abocando así a sus clientes a sentencias condenatorias casi seguras.
La mayor condena pactada será para Arantza Zulueta, histórica letrada de los presos de la banda, que admitió, tal y como sostenía la Fiscalía, ser dirigente del KT (Koordinazioa Taldea), el órgano que transmitía las órdenes de la banda en las cárceles. Por ello será condenada a tres años y medio de prisión por integración en banda armada en grado de dirigente, aunque con la aplicación del atenuante de «confesión tardía». Zulueta, que ya pasó tres años en prisión preventiva y que hasta ahora se arriesgaba a una condena de catorce años, regresará solo por unos meses a la cárcel.
La misma pena aceptó otro conocido abogado de ETA, Jon Enparantza, que admitió dos años y siete meses, lo que le obligará, como a Zulueta, a volver por un corto periodo a la cárcel, ya que también estuvo más de dos años y tres meses en prisión preventiva.
El resto de los imputados, según el pacto alcanzado, serán condenados a penas de entre uno y dos años de cárcel, tras aceptar un delito de «participación activa» en banda terrorista. Todos ellos, esquivarán la prisión.
