Entre la indignación, el 'error del Estado' y el respeto a la justicia

Las reacciones políticas desde Tarragona a la imputación de Artur Mas fueron diversas, y oscilaron entre la indignación, el respeto a la justicia y la acusación al Partido Popular de estar utilizando las instituciones para su interés político. Josep Poblet (CDC), alcalde de Vila-seca y presidente de la Diputació de Tarragona, fue contundente: «Es un nuevo error del estado español. Después del resultado electoral del 27-S tenemos su respuesta: ni diálogo ni negociación. Solo denuncias y procesos judiciales para los representantes de la ciudadanía».

Sergi Saladié, cabeza de lista de la CUP por Tarragona, también censuró la imputación: «Es un hecho muy grave que se impute a un presidente de un país por el hecho de haber ejercido la democracia. Es grave y preocupante. No me ha sorprendido, ya estaban avisados porque se dijo por activa y por pasiva, pero es ese momento… después de las elecciones». Saladié considera que existían alternativas: «Había otros caminos para vehicular esto pero están forzando la máquina».

Gerard Bargalló, diputado electo de Catalunya Sí que es pot, fue incisivo: «Los problemas de Catalunya se tienen que solucionar políticamente. No permitiremos que el PP utilice los tribunales como si fueran ellos. No se puede hacer un uso partidista de las instituciones, que deberían estar separadas del poder político». Para Carles Castillo, del PSC, la imputación tampoco es una medida conveniente: «No me parece que sea la respuesta, aunque Artur Mas está jugando con fuego y se expone a que esto pueda pasar. Pensaba que serían más inteligentes. Esto hará quedar como héroe a una persona que no se lo merece». Formaciones como el Partido Popular o Ciutadans apelan al respeto total a los procesos judiciales. «Mi postura es de respeto absoluto a la justicia. Ante la ley tenemos que ser todos iguales. Ahora toca respetar lo que haga la justicia», sostenía Alejandro Fernández, diputado electo del PP en el Parlament. Algo más allá iba Matías Alonso, de Ciutadans: «Entendemos que es un paso que ha dado el Tribunal Superior de Justícia que debe estar bien argumentado desde el punto de vista jurídcio. No es nuestra función meternos. Creemos en la independencia de la justicia y propugnamos la despolitización».

La mayor parte de representantes locales coinciden en que la imputación complicará el futuro político de Mas. «Añade un elemento más de complejidad. Ya se contaba con que pudiera aparecer. Parece que vayan hacia una inhabilitación, con unas claras consecuencias a nivel práctico, y eso hace que nos pongan en una situación límite. Habrá que tomar algunas decisiones. En cualquier caso, me parece muy mal que traten a un presidente como si fuera un terrorista. El diálogo con el estado está acabado desde hace años», denuncia Saladié.

Matías Alonso, desde Ciutadans, agrega: «La situación política ya la tenía muy complicada, no por esto, sino por los propios resultados electorales. Él planteó un plebiscito que ha perdido. La sensación es que la CUP ha pedido la cabeza de Mas. Yo no sé si le veo en Canadá o no sé dónde, pero no le veo como presidente de la Generalitat». Bargalló, desde Catalunya Sí que es pot, cree que determinaciones judiciales de este tipo generan rechazo: «Ya vemos otra vez la forma de actuar del PP, que ha sido la que ha creado tanta distancia. Entendemos que esto haga que mucha gente quiera separarse de España».