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Evo Morales se vio obligado este domingo a dejar la presidencia de Bolivia, empujado por las sucesivas peticiones de dimisión que se conocieron en las últimas horas a raíz de publicarse el informe elaborado por una misión de verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, en un tono muy crítico con lo ocurrido en los últimos comicios celebrados el 20 de octubre pasado, apunta numerosas "irregularidades" en ellos.
Eso sí, antes el mandatario de origen indígena intentó evitar a toda costa tomar esa decisión al convocar nuevas elecciones presidenciales -aplaudidas por Estados Unidos y México, mientras desde el Vaticano el papa Francisco pedía "paz y serenidad" en el país-, aunque sin concretar posibles fechas.
En el poder desde 2006 y ya con 60 años de edad, Morales justificó en un discurso televisado su decisión afirmando que "nuestro gran deseo es que vuelva la paz social" al país tras las protestas de las últimas semanas y los ataques de algunos grupos radicales", al tiempo que acusaba a "técnicos de la OEA" (sin dar nombres) de estar "al servicio de grupos de poder" por tomar "decisiones políticas y no y no técnicas".
En la misma línea reprochó que "el mundo entero sepa cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia". Su vicepresidente, Alvaro García Linera, que también dimitió, fue incluso un paso más lejos: "Fuerzas extrañas y oscuras intimidaron a personas para bloquear, golpeando con palos y clavos, en la primera etapa de un golpe de Estado para destituir a un Gobierno democráticamente constituido".
Lo cierto es que los llamamientos a la renuncia del presidente habían llegado desde diferentes ámbitos, incluidos los propios partidarios de Morales como la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país y aliado de su Ejecutivo en los últimos años. También lo hizo la Defensoría del Pueblo "apelando al compromiso con la patria", camino que siguieron el jefe del Mando Militar de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, y el comandante de la Policía de Bolivia, Yuri Calderón, que abogaron igualmente por la renuncia del mandatario, aunque los primeros en pedirla días atrás fueron los principales responsables de la oposición, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) -que en Twitter habló de "fin de la tiranía" y "lección histórica" del pueblo y la "resistencia pacífica"- y el líder cívico Luis Fernando Camacho.
El desencadenante de todo, empero, fue el examen realizado por la OEA, que instó a celebrar nuevos comicios y consideró inválidos los polémicos resultados que abocaban a una cuarta legislatura de Morales (un 47% de los votos en primera vuelta frente al 36,5% de su rival Mesa), quien este domingo por la mañana terminó aceptando su solicitud y, además, anunciando que renovaría a "la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE)", como pidió la organización americana. Incluso la Fiscalía General de Bolivia procesará a sus miembros por "presuntos hechos irregulares muy graves", que pueden conllevar "ilícitos penales y electorales vinculados al cómputo de los resultados oficiales". Una comisión de fiscales especializado empezará "de inmediato" las acciones legales para su "juzgamiento", incluyendo también a otros posibles "autores y partícipes de estos presuntos hechos irregulares".
Pero mientras todavía no se sabe si repetirán los mismos candidatos -aunque Morales dijo tras dimitir que "la lucha no termina acá" porque "vamos a continuar luchando por la igualdad" y habló como su 'número dos' de un "golpe"-, las protestas masivas en las calles de diferentes ciudades bolivianas -comenzaron en la región oriental de Santa Cruz, la más rica de Bolivia, y luego se extendieron a otras localidades- no han cesado desde finales de octubre, e incluso se elevaron el viernes al sumarse varios motines policiales. La violencia entre partidarios y detractores de Morales causaron hasta el momento tres muertes y al menos 383 heridos, según la Defensoría del Pueblo, mientras que los paros laborales provocaron ya 12 millones de dólares en pérdidas.
El sábado fueron incendiadas las casas de dos gobernadores oficialistas, así como la de Ester Morales, hermana mayor del presidente, en la localidad sureña de Oruro. Y este mismo domingo continuaron los enfrentamientos con, al menos, tres heridos, uno de ellos por arma de fuego, tras una emboscada en una zona del altiplano contra varios autobuses en los que grupos de opositores que viajaban hacia La Paz.
"Manipulaciones informáticas"
La jornada, no obstante, comenzó con el comunicado de la OEA, que instaba a que un nuevo proceso electoral en Bolivia "debe comenzar nuevamente (...) tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral". Según la auditoría realizada por sus enviados especiales al país, "en los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas", lo que les ha llevado a "cuestionar la integridad de los resultados de la elección".
El informe de la OEA llega incluso a señalar que "las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave" de posible 'pucherazo' electoral. Y añade la organización americana que "resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido (en la cita del 20 de octubre) el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta".
