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Entre la panoplia de medidas que tiene Felipe VI sobre su mesa está la de despojar a su padre del título de rey que ha disfrutado desde 1975. Sería una señal de repudio absoluto que buscaría poner freno al deterioro de la imagen de la Corona tras el conocimiento de la fortuna secreta amasada por Juan Carlos de Borbón en Suiza y en paraísos fiscales, fruto del supuesto cobro de comisiones y de actividades financieras ilícitas. El Gobierno guarda silencio sobre las decisiones que pueda adoptar el jefe del Estado, pero comparte que deben ser contundentes, como apuntó la ministra portavoz el martes.
La Zarzuela y la Moncloa trabajan con varios escenarios de respuesta a la conducta del rey emérito, y lo hacen de forma conjunta porque, si bien la adopción de las medidas corresponde a la Casa del Rey, su puesta en práctica requiere la intervención del Gobierno.
Entre estas medidas está la mencionada retirada del tratamiento real. Una decisión que tendría que ejecutar el Gobierno con la aprobación de un real decreto que anularía el emitido el 13 de junio de 2014, que en su disposición transitoria cuarta establece que «Don Juan Carlos de Borbón, padre del rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de rey, con tratamiento de majestad». En contra de lo que se escribe y se dice, no es un rey emérito, recurso utilizado para diferenciar su rango del de su hijo, sino un rey sin matices. Sería una medida con pocos o ningún antecedente en la centenaria historia de la monarquía en España, y que buscaría ampliar el radio del cortafuegos trazado por la Zarzuela desde que en febrero pasado salieran a la luz informaciones, con documentos que las sustentaban, sobre los negocios del exjefe del Estado.
Aquellas noticias provocaron las primeras medidas de alejamiento dictadas por Felipe VI el 15 de marzo con la retirada de la asignación anual y la renuncia al legado económico de su padre.
El antecedente de Cristina e Iñaki
El rey tendrá la última palabra, pero es una sanción que tendría el respaldo de altos cargos de la Casa Real, y a la que el Gobierno de Pedro Sánchez no se opondría. Una medida de ese calibre implicaría además la exclusión de la Casa Real. Un trance por el que ya pasaron hace cinco años la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, por sus avatares judiciales con el caso Nóos, y que también arrastró a la infanta Elena.
Pero no es la única respuesta que se estudia. La salida de Juan Carlos de Borbón de la residencia de la Zarzuela, propiedad de Patrimonio Nacional, para trasladarse a una vivienda privada se da casi por descontada.
Una mudanza que obligaría al Gobierno a adoptar medidas de seguridad específicas en el futuro domicilio, porque quien ha ejercido la jefatura del Estado durante 39 años no puede quedar expuesto sin protección policial, argumentan fuentes conocedoras de los entresijos de las decisiones que se barajan.
La salida de Juan Carlos de Borbón de España, que también se mencionó en algún momento, parece descartada, porque, aparte del anacronismo que supondría para una monarquía parlamentaria un exilio en el siglo XXI, tiene que estar a disposición de la justicia en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo, máxime si se abre en esa instancia una causa penal contra él por delitos fiscal y blanqueo de capitales.
Silencio en la Zarzuela
La Casa del Rey, por su parte, guarda un hermético silencio, tanto sobre las informaciones de los movimientos financieros de Juan Carlos de Borbón como sobre la respuesta que podría dar Felipe VI a esas actuaciones. El presidente del Gobierno tampoco quiso ir más allá de lo que dijo la semana pasada sobre «las inquietantes y perturbadoras» informaciones de los negocios del exjefe del Estado. «No tengo nada más que añadir. Creo que fui muy claro y ahí lo dejo», señaló Pedro Sánchez desde Suecia en una conferencia de prensa que ofreció el martes junto al primer ministro de ese país, Stefan Löfven.
El único miembro del Gobierno que comentó la situación fue el ministro de Justicia, para calificar de «preocupantes» las informaciones diarias sobre el anterior jefe del Estado. Juan Carlos Campo defendió en TVE que Felipe VI «está dando pasos importantes para dotar de más transparencia el ejercicio de la Casa Real», y se mostró convencido de que las decisiones que adopte referidas a su padre serán «bien entendidas y acogidas» por la ciudadanía.
Así como la abdicación de Juan Carlos de Borbón fue un ejemplo de colaboración entre el Gobierno del PP y la oposición socialista, esa sintonía ha desaparecido al valorar la crisis actual. El líder de los populares, Pablo Casado, acusó ayer al Gobierno de «debilitar» a la Corona con «los ataques» a la institución de su vicepresidente segundo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. «Desde el Partido Popular no vamos a tolerar este tipo de ataques a don Felipe VI», proclamó ayer Pablo Casado ante el comité ejecutivo de su partido.
