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La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) criticó ayer que el Ministerio del Interior recurra a ellos para solucionar «el conflicto privado» entre los trabajadores de Eulen con su empresa y AENA en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, y que lo tengan que hacer cuando «hace unos días» se les quería «echar de Catalunya».
En un comunicado, la AEGC alude a la concentración convocada por la CUP el pasado 31 de julio frente al cuartel de la Benemérita del barrio de Gràcia de Barcelona por la colaboración de la Guardia Civil, según esta formación independentista, en «la represión de la lucha democrática de Catalunya para realizar un referéndum».
Los peor pagados
«No podemos evitar recordar que ahora recurren a nuestra eficacia, pero que somos los mismos a los que hace unos días nos querían echar de Catalunya», expone la asociación de guardias civiles en el comunicado en el que denuncian también que los agentes de la Benemérita son los «peor pagados» de los cuerpos de seguridad del Estado, «muy por debajo de los Mossos y resto de integrantes de las policías autonómicas».
La asociación advierte que los trabajadores ‘van a ver a los agentes como enemigos’«Ahora, después de haber tomado la decisión de privatizar unos servicios», apunta la AEGC en referencia a la situación en El Prat, «nos piden a los guardias civiles que seamos la solución a este conflicto laboral».
La asociación augura que serán los agentes de la Guardia Civil los que «sufrirán las iras de unos trabajadores que van a ver a los agentes como sus enemigos en este problema» si finalmente tienen que suplir a los trabajadores de seguridad de Eulen.
«Somos conscientes de que recurren a nuestro servicio por los trastorno que están sufriendo todos los ciudadanos que estos días tratan de coger un avión para disfrutar de sus vacaciones, pero también es nuestra obligación exigir más respeto a nuestro trabajo», apunta la asociación, señalando la ‘privatización’ de la seguridad en los aeropuertos como el origen del conflicto en El Prat.
«Es lo que tiene sustituir a los guardias civiles de puestos claramente de servicio público, como terminará pasando en los Centros Penintenciarios donde también se ha privatizado parte de la seguridad», denuncia la AEGC en el comunicado.
