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La oleada inicial de la regularización catastral, una lucha del Gobierno para combatir el fraude fiscal, ya tiene sus primeros resultados en la provincia. El Ministerio de Hacienda ha detectado irregularidades en 10.979 inmuebles, sólo teniendo en cuenta los 28 municipios donde se había completado el proceso a 31 de diciembre del año pasado.
Se trata de un 6,9% del total de inmuebles regularizados, con unas infracciones que se reparten así: el 26% corresponden a nuevas construcciones, el 28% a ampliaciones y el 32% a reformas y cambios de uso. Por último, el 14% se corresponde a piscinas (alrededor de 1.500), unas edificaciones que se han construido irregularmente. Esta regularización, con el Catastro peinando buena parte de los municipios tarraconenses, entró en vigor en 2013 y se extenderá hasta 2016.
El objetivo es configurar un retrato fiel de la situación de los bienes, lo que ya está suponiendo un aumento de la recaudación municipal. Al detectar más metros de los que figuraban de inicio, se incrementa el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En la provincia, el cálculo de Hacienda es que el recibo medio de esos afectados se ha incrementado en 206 euros por inmueble. En global se pagaron 1,9 millones de euros más en ese concepto, un dinero extra que pasó a engrosar las arcas municipales.
512 euros por cada atraso
Más elevada es la liquidación media de atrasos, esto es, lo que cada propietario ha tenido que pagar por demoras de ejercicios anteriores a su respectivo consistorio. La media es de 512 euros por propiedad detectada por Hacienda. El saldo total es de 4,7 millones en calidad de IBI desfasado y no pagado que se ha terminado abonando. Entre los dos indicadores, el resultado es un incremento de 6,6 millones añadidos que han pasado a manos de la gestión de los consistorios tarraconenses.
«No es un catastrazo, no se pretende alterar el valor de los bienes declarados sino incorporar al registro aquellos inmuebles y alteraciones como ampliaciones y rehabilitaciones que no figuren. Todo eso supone un fraude fiscal al no coincidir la descripción en el Catastro con la realidad inmobiliaria», indican fuentes del Ministerio de Hacienda.
El boom inmobiliario provocó en su momento que muchas construcciones escaparan de los registros. Ahora, la regularización pretende corregir otra anomalía, la de las propiedades que disfrutan de los mismos servicios que el resto de sus vecinos (alumbrado, saneamiento, recogida de basuras) sin estar contribuyendo al sostenimiento de esas prestaciones públicas.
El valor catastral es decisivo para determinar lo que se paga en impuestos municipales como el IBI y las plusvalías, así como autonómicos como el de sucesiones y transmisiones, y estatales como el de la renta (IRPF) o sobre el patrimonio. La gestión, liquidación y recaudación de ese impuesto corresponde a los ayuntamientos, si bien el valor catastral es la base imponible de este impuesto. La ley atribuye a los consistorios la capacidad para determinar los tipos impositivos.
La casuística de las alteraciones es muy diversa: casas de campo transformadas en chalets, fincas familiares con vivienda adicional levantada al lado, balsa de riego convertida en piscina, ampliación de la casa para ganar metros al patio trasero o un ático con una terraza cerrada para sumar otra habitación. Hacienda remarca que en el procedimiento no se contempla la imposición de sanciones catastrales o multas a las obras ilegales, algo que compete a los propios ayuntamientos.
Un goteo de ayuntamientos
El plan comenzó a finales de 2013, con la inspección inicial en tres localidades de la provincia: Benifallet, La Nou de Gaià y Tortosa. En marzo de 2014 se amplió a 21 municipios más, entre ellos Roda de Berà, Rasquera, Ulldemolins, Poboleda o Torroja del Priorat. En abril del año pasado, seis poblaciones más, entre ellas la capital, además de Sant Jaume d’Enveja o Camarles. Mont-roig y El Morell se añadieron en junio.
23 más se agregaron en julio (Alcanar, El Catllar, Ascó o Montblanc) y así hasta un total de 65 que o bien tienen en marcha el proceso de regularización o bien lo han acabado, como es el caso de 28 municipios de toda la provincia, entre los que se encuentran ciudades tan relevantes como Tarragona o Tortosa. Hasta la fecha, en toda España 3.070 municipios ya han manifestado a la Dirección General del Catastro su interés en la regularización.
Críticas de Gestha
El sindicato Gestha ve la medida con buenos ojos aunque lamenta que el «contribuyente ya controlado» vuelva a pagar. «Está en la línea de las últimas actuaciones de Hacienda, de ir a controlar la renta ya controlada. Ya ni siquiera los inmuebles se escapan al control de Hacienda. Es positivo pero seguimos diciendo que el fraude real está en el gran patrimonio, en la gran empresa, que usa mecanismos para eludir impuestos. Ese es el verdadero problema, no el fraude interno, sino el del gran negocio o la gran fortuna que tributa fuera», explica Miguel Ángel Mallo, portavoz de Gestha en Catalunya.
El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo en el que se describen los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales de toda España, con excepción del País Vasco y Navarra. A diferencia de otros, como el Registro de la Propiedad, el Catastro es obligatorio. Entre sus obligaciones, que han motivado el desarrollo del plan, está procurar que la descripción de las propiedades concuerde con la realidad.
