Iglesias logra desbloquear la ley de libertad sexual

El vicepresidente segundo y líder de Podemos exigía que se cumpliera el pacto de aprobarla en Consejo de Ministros antes del 8-M

21 febrero 2020 09:30 | Actualizado a 21 febrero 2020 11:54
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PSOE y Unidas Podemos habían sido capaces de sortear sus diferencias en el Gobierno sin demasiados sobresaltos. En la última semana, dos asuntos de fondo sobre políticas bandera de ambos partidos, las de igualdad y las migratorias, han provocado los primeros roces serios. Tras un primer encontronazo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su reacción positiva ante la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que avaló las devoluciones en caliente, Unidas Podemos decidió hacer público ayer su malestar ante una actitud, a su juicio, obstruccionista del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Una actitud que llevaba camino de impedir que se cumpliera el compromiso de aprobar antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el anteproyecto de ley de libertad sexual.

La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, pretende que la violencia sexual reciba el mismo trato que la violencia de género, lo que implicaría que los delitos sexuales sean derivados a juzgados especializados y que sus víctimas tengan acceso a ayudas similares a las que perciben las mujeres agredidas por sus parejas o exparejas. Lo crucial es que en ella se contempla también la reforma del Código Penal que eliminará la diferencia entre los delitos de abuso y agresión sexual y se centrará en la existencia o no de consentimiento, el «solo el ‘sí’ es ‘sí’», una de las promesas estrella de ambas fuerzas políticas.

La formación de Iglesias no dudo en airear sus sospechas de que, «alegando generalidades de procedimiento, sin concretar», Campo estuviera tratando evitar que, al menos esa última parte del proyecto, se aprobara ya. No porque tenga dudas sobre su conveniencia (aunque los morados le acusen de ser «bastante conservador»), sino porque los socialistas llevan varias semanas dando a entender que todas las reformas del Código Penal previstas se abordarán de manera conjunta. Una decisión en la que subyace el deseo de hacer pasar inadvertido su plan de beneficiar a los presos del Procés con la modificación del delito de sedición.

En el PSOE niegan que haya habido deseo de retrasar nada. La Secretaría de Estado de Comunicación acabó garantizando en una nota que el proyecto de ley de libertad sexual «estará listo en los plazos previstos» para enviar un «mensaje claro de compromiso con la igualdad» de cara al 8-M.

Entre medias, tuvo que producirse un tenso encuentro en la zona de Gobierno del Congreso entre la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Un encuentro previo a la constitución de las dos comisiones con la que PSOE y Unidas Podemos pretenden garantizar que actúan de manera coordinada y que esta vez se saldó con la victoria del grupo confederal de izquierdas.

«Lo más importante –alegó el propio Sánchez desde Bruselas, tras calificar de «asunto menor» el roce con sus socios– es que vamos a dar un paso más y nos vamos a volver a situar a la vanguardia de la igualdad de género y de la protección y de la seguridad de las mujeres».

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