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La defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, recurrió ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) su condena a nueve años de prisión por sedición en la causa del Procés, y pidió al tribunal que «expulse» ese delito del Código Penal y lo deje en libertad mientras resuelve.
El equipo de defensa de Cuixart presentó el recurso en una rueda de prensa en Madrid, aunque, como señaló el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, tienen «nula confianza en la Justicia española» y dan este paso para agotar todas las vías internas y poder acudir a Estrasburgo.
«Es en Europa donde esperamos encontrar esa justicia que nos es negada en el Estado español», manifestó Mauri, quien considera que la reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno no sirve para resolver el conflicto político, por lo que reclama una ley de amnistía.
El abogado de Cuixart, Benet Salellas, indicó que el recurso «es la última oportunidad que tiene la Justicia española para homologarse a los estándares europeos».
A su juicio, en la causa del Procés ha habido una «excepcionalidad procesal», entre otras cosas porque el líder de Òmnium no era aforado y fue juzgado como tal en el Supremo, y una excepcionalidad principal: «La injerencia en los derechos civiles y políticos que comporta la sentencia».
Han pedido por ello al tribunal de garantías que declare inconstitucional el delito de sedición «por su historia funesta como elemento de represión desde el siglo XIX», sin figuras homologables en Europa, y que defina «de forma democrática» el concepto de orden público frente al Tribunal Supremo, que «ha vulnerado el derecho de reunión y el derecho fundamental a la legalidad penal», resumió.
El proceso, a su entender, ha sido «una operación de Estado destinada a utilizar el castigo a los líderes independentistas para que el conjunto del movimiento independentista dejara de protestar», una causa en la que «la razón de Estado se ha colocado por encima de la ley, de la Constitución y de los derechos fundamentales».
Para la defensa de Cuixart, si el TC no admite el recurso y lo resuelve en los próximos meses, será por «una maniobra orquestada desde la agenda política» detrás de la causa.
En la presentación participaron también juristas como el catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Jaén Guillermo Portilla, quien estima que con la sentencia del Supremo la sedición «se convierte en un arma no solo contra quienes han sido juzgados en este proceso, sino contra todo el colectivo de desobediencia civil» que reclama en la calle derechos y libertades.
A su juicio, la reforma de ese delito en el Código Penal anunciada por el Gobierno debería rebajar la pena a uno o dos años.
La catedrática de Derecho Constitucional en la Universitat Autònoma de Barcelona Mercè Barceló criticó que se atribuya a Cuixart ser la rama civil del entramado sedicioso cuando su conducta «estaba amparada en el derecho de reunión» y sus llamadas a la protesta fueron siempre pacíficas, mientras que el profesor de Derecho Penal en la Universidad de Valencia Javier Mira insisitió en que la sentencia recoge solo supuestos de «resistencia pasiva»
«El vaciamiento del derecho de reunión implica una vulneración del derecho de reunión», ha resumido el profesor de Constitucional en la Universidad de Valencia Albert Noguera.
