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El rey Juan Carlos encargó a finales de 2007 en su despacho de la Zarzuela al gestor de fortunas Arturo Fasana y al abogado Dante Canónica que le crearan «una estructura» en Suiza para gestionar y resguardar los cien millones de dólares que recibió posteriormente de Arabia Saudí. Así se desprende de la declaración que el letrado y presunto testaferro del monarca realizó en el verano de 2018 ante el fiscal helvético Ives Bertossa y que ha sido remitida ya a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que investiga al ex jefe del Estado por un presunto delito de blanqueo de capitales.
La Justicia suiza y española sospechan que la cuantía corresponde a una comisión ilegal por la adjudicación a un consorcio empresarial español de las obras del AVE entre Medina y La Meca. En su testimonio, Canónica aseguró que don Juan Carlos les garantizó en todo momento que el dinero no respondía al pago de ninguna comisión y que se trataba de una «donación» de su amigo el rey Abdalá, fallecido en 2015.
El abogado suizo señaló además que el Rey emérito desconocía la cifra exacta y que no fue hasta que Fasana viajó a Washington para encontrarse con el embajador saudí Al-Jubeir, que hizo de intermediario en el pago, cuando supo el montante de la donación. «Estaba sorprendido, pero en ningún momento se sintió incómodo con la cantidad recibida», reconoció Canónica ante el fiscal, según avanzó ayer ‘El Español’.
Fue en ese momento cuando ambos testaferros crearon la fundación Lucum, cuyo primer beneficiario era el Rey emérito y a su fallecimiento Felipe VI, y abrieron una cuenta en el banco suizo Mirabaud, a donde se transfirieron los cien millones de dólares de los que Juan Carlos I dispuso hasta que en 2012 decidió cerrar la cuenta después de que Suiza anunciase su intención de endurecer las leyes antiblanqueo. Felipe VI renunció a ese dinero.
Anticorrupción pidió en febrero a las autoridades suizas el detalle de los aspectos del depósito de 100 millones. Las pesquisas se centran en «delimitar o descartar la relevancia penal» de los hechos que ocurren con posterioridad a junio de 2014, momento en que Juan Carlos I abdicó y dejó de estar protegido por la inviolabilidad que le reconocía la Constitución.
