Junqueras pide al Supremo su libertad inmediata y anular la sentencia del Procés

El retraso del informe de la Abogacía del Estado sobre la situación del presidente de Esquerra Republicana dificulta la investidura dentro de este año

25 diciembre 2019 09:20 | Actualizado a 25 diciembre 2019 09:24
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El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras pidió ayer martes al Tribunal Supremo (TS) su inmediata puesta en libertad y la nulidad de la sentencia del Procés, al considerar, en la línea de lo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que adquirió la inmunidad tras resultar elegido eurodiputado.

En el escrito dirigido al TS, el abogado Andreu Van den Eynde recuerda que el reciente fallo europeo estableció que Junqueras gozaba de inmunidad desde el momento de la proclamación oficial de los resultados de las elecciones europeas en las que resultó elegido.

La defensa de Junqueras insiste en que su proclamación como eurodiputado fue oficial cuando estaba en situación de prisión provisional, y subraya que la justicia europea determinó que «ninguna interpretación nacional puede impedir el desarrollo de las funciones de los europarlamentarios».

Es más, el letrado señala en su escrito que, en caso de discrepancia, el derecho de la Unión Europea prima «frente a las normas jurídicas de origen interno». Por ello, reclama que se anule toda la causa desde el pasado 13 de junio, fecha en que la Junta Electoral Central proclamó los resultados de los comicios europeos, así como la sentencia del Procés, que el 14 de octubre condenó al líder independentista a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación.

Según el TJUE, los derechos fundamentales de Junqueras fueron vulnerados porque tenía que haber sido considerado eurodiputado y gozar de inmunidad precisamente desde la proclamación de los resultados de las elecciones, con lo que se le tendría que haber levantado la prisión provisional para permitirle acudir a la sesión constitutiva de la Eurocámara. En este sentido, Van den Eynde cree que el respaldo del TJUE a la inmunidad de su representado debe redundar en su libertad para desplazarse a la cámara europea para recoger su acta de parlamentario. «No existe solución jurídica respetuosa con el contenido y orientación de la sentencia del TJUE que no implique la nulidad de la resolución de condena de mi mandante. No hacerlo sería forzar la interpretación del ordenamiento español contra reo y desatender el derecho de la Unión», zanja.

Porque la resolución europea, afirma, «no deja margen de duda»: el Supremo debe garantizar que los votos otorgados a la candidatura de Junqueras «encuentren fiel reflejo en la composición del Parlamento Europeo, y que dicha institución no quede afectada por la decisión del órgano judicial nacional».

Plazos de infarto

La situación de Oriol Junqueras incide de forma directa en la investidura de Pedro Sánchez gracias a un acuerdo PSOE-ERC. En este sentido, la posibilidad de que el debate de investidura se celebre antes de que acabe el año se ve dificultada por el retraso del informe de la Abogacía del Estado. Según recordaron ayer martes fuentes del Ejecutivo, los días 24 y 25 son festivos a efectos de la administración de justicia. Esto hace que los plazos para convocar un pleno de investidura antes del 30 de diciembre sean cada vez más apurados. El Congreso ha habilitado de forma preventiva el 28, 29 y 30 de diciembre, pero si las alegaciones de la Abogacía a la sentencia del TSJE no se conocen el 26 o el 27, será difícil que pueda convocarse el pleno con el plazo de 24 horas requerido para que Sánchez pueda ser investido antes de final de año.

ERC sigue a la espera de que la Abogacía se pronuncie sobre la situación de Junqueras porque considera que no es posible dejar este asunto al margen de la negociación.

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