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La Fiscalía mantiene la petición de 10 años de inhabilitación para Mas por el 9N

Las acusaciones populares rebajan sus solicitudes de pena para el expresidente catalán y sus dos exconsejeras. Los voluntarios aseguran que la Generalitat ni controló ni organizó su trabajo en la consulta

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El expresident de la Generalitat Artur Mas junto a su mujer, Helena Rakosinik, a su llegada al TSJCat donde prosigue el juicio del 9N. Foto: EFE

El expresident de la Generalitat Artur Mas junto a su mujer, Helena Rakosinik, a su llegada al TSJCat donde prosigue el juicio del 9N. Foto: EFE

Cuatro días de juicio por el 9N, en los que han declarado una cuarentena de testigos, no han servido para que la Fiscalía se mueva de su posición inicial. El Ministerio Público ratificó este jueves y elevó a definitiva su petición de diez años de inhabilitación para Artur Mas por los delitos de desobediencia y prevaricación, y nueve años para Joana Ortega e Irene Rigau como cooperadoras necesarias.

La acusación popular, en cambio, retiró la acusación por malversación y reclamó penas de diez años de inhabilitación por los delitos de desobediencia y prevaricación. El juicio quedará este viernes visto para sentencia una vez que la Fiscalía, la acusación popular y la defensa presenten sus informes finales y los tres acusados hagan uso de su derecho a la última palabra. Mas confirmó que hará el alegato final, donde se espera que insista en que fue el responsable político del 9N, peroque no incurrió en ningún delito. "Aprovecharé para hacer una valoración de todo. Será mi momento para explicarme en libertad", afirmó el expresidente de la Generalitat, que esta semana ha recibido críticas desde todos los frentes, también desde del independentismo, donde sectores de la CUP le han llamado hasta "traidor" por mantener un doble discurso. Finalizado el juicio, Mas, Ortega y Rigau serán recibidos por Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled, que en el pasado fue autor de un demoledor informe sobre el 'caso Palau' que concluía que Convergència suscribió un "pacto criminal estable" con Ferrovial para cobrar comisiones ilegales, sostiene que los tres acusados urdieron una estrategia de "desafío completo y efectivo a la suspensión" de la consulta del 9-N, siendo "plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento de las órdenes del Tribunal Constitucional". Sánchez Ulled afirmó que tiene documentos "magníficos" que demuestran esta teoría. Entre otros, la única prueba pericial del juicio, un informe elaborado por la Guardia Civil sobre el programa informático empleado en la votación. Los dos agentes que prestaron declaración este jueves contradijeron al coordinador del 9N, Joan Cañada, que aseguró el martes que era "técnicamente imposible" desactivar la web de la consulta tras la suspensión. Los dos policías aseguraron además que, al analizar el programa que la empresa T-Systems creó para la consulta, detectaron que hubo "cargas de ficheros" en el programa el 4, 7 y 9 de noviembre, por tanto, después de la suspensión del Tribunal Constitucional.

El fiscal cree que Mas y sus colaboradores ignoraron dicha anulación, continuaron con los preparativos y se limitaron a simular que dejaban la votación en manos de los voluntarios. La tesis de la defensa sostiene en cambio que la consulta ya estaba preparada para el 4 y que a partir de ahí la organización corrió a cargo de los voluntarios, sin los que hubiera sido imposible la votación.

Observadores internacionales En la jornada del juicio de este jueves, una decena de testigos de la defensa de Joana Ortega apuntalaron esta línea argumental. Exculparon al Gobierno catalán y aseguraron que el día de la votación no vieron a ningún funcionario en los colegios electorales. Así, la alcaldesa de Vilanant (Girona), Anna Palet, relató que ella, "como voluntaria", se encargó de abrir el local de votación, un inmueble propiedad del ayuntamiento. La exdiputada de ERC en el Parlamento catalán, Gemma Calvet, aseguró que actuó como voluntaria y que su función fue acompañar por diferentes puntos de votación a los observadores internacionales. "Todo descansó" en los voluntarios y en las plataformas soberanistas (ANC y Omnium) tras la orden del Tribunal Constitucional, señalaron Calvet y el exeurodiputado de CiU, Joan Vallvé. Mientras, Carles Fernández, que fue jefe de prensa de la exvicepresidenta de la Generalitat, mantuvo que después de la suspensión del Tribunal Constitucional se le transmitió que debía comunicar que el Gobierno "dejaba de tomar participación activa". "Yo dejé de dar instrucciones a trabajadores públicos y les requerí que no hicieran gestiones", remató. Fernández explicó además que el día de la consulta los datos que ofreció la vicepresidenta se los proporcionaron los voluntarios.

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