La Fiscalía pide para 'El Chicle' la prisión permanente revisable

El acusado por la muerte de Diana hará uso hoy martes del derecho a la última palabra y el jurado iniciará la deliberación

26 noviembre 2019 08:40 | Actualizado a 26 noviembre 2019 13:54
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Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel, los padres de Diana, la joven madrileña de 18 años asesinada el 22 de agosto de 2016, exigen para el acusado José Enrique Abuín Gey, alias ‘El Chicle’, la condena a prisión permanente revisable por detención ilegal, asesinato alevoso y agresión sexual.

El abogado que representa a la familia de la víctima, Ricardo Pérez Lama, remarcó ayer en sus conclusiones finales que «el asesinato de Diana fue subsiguiente a un delito contra la libertad sexual» y, al ser así, «la pena es la que toca», dijo. Añadió que «la única pena perpetua que existe aquí es la que tienen los padres de Diana y la hermana (Valeria), porque su pena será para siempre».

El letrado pidió tener claro que las fotos de Diana Quer no son de una actriz; «pónganle cara», pidió, porque era una niña de constitución frágil que apenas estrenaba la mayoría de edad. Todo lo que le ha acontecido, ser acechada, raptada y violada, dijo, podría parecer «una película de terror», pero no se trata de un filme, lamentablemente, dijo.

Recordó Pérez Lama que lo hizo a través de su móvil y de contar por WhatsApp que estaba atemorizada al sentirse acosada, cuando escribió «me estoy acojonando».

Y «tenía motivos suficientes para estar acojonada», destacó el abogado, que hizo hincapié en que en A Pobra, donde Diana Quer fue raptada, estaba viva, y que el asesinato se cometió en la nave de Asados, en Rianxo (A Coruña), en cuyo pozo permaneció el cuerpo 496 días.

La representante del Ministerio Público, Cristina Margalet, reparó en la «maldad brutal» de Abuín Gey, así como en el «terror innecesario» y el «ensañamiento psicológico» aplicado sobre Diana, el de un «depredador sexual» que no siente arrepentimiento.

Desechó la posibilidad de que el crimen pudiera desencadenarse de forma accidental –ni atropello ni asfixia involuntaria con las manos–, ya que lo preparó todo para tener «a su presa a su merced» en esa antigua fábrica de gaseosas, en la cual no tenía Diana escapatoria posible.

Un modo de proceder, prosiguió, que también empleó Abuín Gey con una joven de Boiro el 25 de diciembre de 2017, en un caso por el que fue condenado como autor de los delitos de detención ilegal consumada y agresión sexual en grado de tentativa, y que precipitó su arresto por el crimen de Diana Quer, del que ya era el principal sospechoso.

Sin atenuante de confesión

Sobre la atenuante de confesión y el hecho de que guiase a los investigadores al pozo, subrayó la fiscal que Abuín Gey ofreció hasta tres versiones diferentes, y eso desvirtúa el hecho de que se contemple tal circunstancia. Al concluir, dijo que la realidad siempre supera a la ficción, y mencionó la película The Lovely Bones, donde un chica llamada Susie sufre algo similar a Diana y su padre lo deja todo para encontrar al asesino, sin éxito. Susie necesitó «justicia divina», dijo, Diana necesita de «la humana». El presidente del tribunal del jurado, Ángel Pantín, aplazó hasta hoy el alegato de la defensa y el derecho a la última palabra de ‘El Chicle’, tras lo cual se hará entrega del objeto del veredicto y el jurado popular iniciará su deliberación.

Matiz de su abogada

En la jornada de ayer lunes, Fernanda Álvarez, la abogada del turno de oficio que representa a ‘El Chicle’, modificó el escrito de calificación, y, aunque mantiene dos años y medio por un homicidio imprudente, contempla ahora como subsidiaria la petición de homicidio doloso con una condena de entre cinco y siete años. Matizó la abogada de ‘El Chicle’ que, pese a que siguen manteniendo la teoría de homicidio imprudente, se decidió añadir que con carácter «subsidiario» los hechos objeto de esta causa podrían ser constitutivos de un homicidio con dolo eventual. Todo ello, aclaró, en caso de que se considere que su cliente, el acusado, pudo ser «consciente» de la fuerza que estaba ejerciendo sobre la víctima en el momento en el que la asfixió y, por ende, de la consiguiente posibilidad de causarle la muerte.

En ese supuesto, solicita una pena de entre cinco y siete años con la atenuante calificada de confesión, circunstancia esta última que rebaten tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, al igual que el estrangulamiento manual, pues aluden a los informes de los peritos para sostener que la brida fue el arma homicida.

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