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La Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral contra siete integrantes de la extinta Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, conocida como «los miguelianos».
Entre estas siete personas está el considerado líder, Miguel Rosendo da Silva, pero no Marta Paz Alonso, considerada su mano derecha.
La causa se sigue por los presuntos delitos de asociación ilícita, contra la Hacienda Pública y abuso sexual, este último solo con respecto a Rosendo da Silva, en prisión provisional desde diciembre de 2014.
Marta Paz Alonso y otras dos personas consagradas en la orden, Ivana Lima e Iria Quiñones –para quienes el fiscal sí pide su enjuiciamiento– rompieron su silencio de tres años desde que se destapó el caso y convocaron el pasado viernes una rueda de prensa para negar los hechos.
Durante su comparecencia, señalaron que todo es «un montaje» y pidieron la libertad del líderUn escrito de la Fiscalía, fechado el día antes de la rueda de prensa, pide la confirmación del auto de conclusión y la apertura de juicio oral contra siete personas, entre ellas, el líder y dos de las personas que ofrecieron la conferencia de prensa, Ivana Lima e Iria Quiñones.
En una nota remitida por estas dos personas y Marta Paz, las tres dan cuenta del escrito del fiscal y se remiten a la comparecencia de prensa de esta semana para recordar que esta última dijo que «ni una sola persona había manifestado en el procedimiento que le hubiese producido el menor daño».
Sin embargo, dicen, la vida de los encausados se vio «truncada y sometida a escarnio público y fue objeto de rechazo social sufriendo, durante todo este tiempo, total desamparo y absoluta indefensión».
Las tres mujeres denunciaron que toda la causa parte de la denuncia presentada por el sacerdote Isaac de Vega, asistente eclesiástico de la orden, que fue quien alertó a las autoridades de los presuntos abusos sexuales y psicológicos por parte del líder de los miguelianos, al que acusaba también de irregularidades económicas.
La Orden y Mandato de San Miguel Arcángel fue reconocida por la diócesis de Tui-Vigo en 2009 como asociación pública de fieles con derecho diocesano. La diócesis tuvo conocimiento de unas supuestas «irregularidades» en diciembre de 2012 y para comprobar su veracidad nombró a un visitador canónico.
La Iglesia se basó en el informe de este visitador canónico para apartar a Rosendo por su «conducta moral», y no fue hasta que estalló el escándalo cuando retiró su apoyo a esta organización y a su derivada, llamada Serviam, que se había establecido en Madrid.
