La Guardia Civil detecta 24 talleres ilegales en la provincia

Las autoridades vuelven a poner cerco a la automoción fuera de la ley. Las inspecciones se han multiplicado por cien en busca de delitos contra el medio ambiente o Hacienda

19 mayo 2017 21:56 | Actualizado a 22 mayo 2017 12:55
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La Guardia Civil ha detectado este año en la provincia 24 talleres ilegales o con deficiencias, en el marco de la Operación Talleres Mecánicos, desarrollada recientemente junto con la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Esas inspecciones se han saldado con el cierre de ocho talleres en Tarragona, mientras que siete establecimientos subsanaron todas las irregularidades encontradas. Por otra parte, seis talleres arreglaron alguna de las deficiencias halladas mientras que tres no solventaron ninguna de las carencias detectadas.

En los últimos años la Guardia Civil ha puesto el foco en este tipo de actividades, con el objeto de hacer aflorar, además, una parte de la economía sumergida. Las cifras a nivel estatal ilustran la magnitud de la operación: se cifra en 10.000 los negocios que actúan al margen de las reglas del mercado, sin atender a los criterios técnicos de calidad de Industria y Consumo y sin cumplir las obligaciones con el Fisco, la Seguridad Social, acumulando un fraude de 230 millones anuales en impuestos y cerca de 112,5 millones en cotizaciones sociales por la actividad sumergida.

 Más de 17.000 denuncias

La llamada ‘Operación Talleres Mecánicos’ ha permitido en el último año cerrar clausurar cerca de 240 talleres ilegales y ha contribuido a que más de 1.000 subsanen sus deficiencias. Esa intervención originó más de 17.000 denuncias administrativas a establecimientos de reparación de vehículos, la mayoría de ellas (61,7%) por infracciones o delitos contra la normativa medioambiental en la gestión de residuos contaminantes. Otras cifras dan fe de cómo las autoridades se han empeñado en luchar contra las ilegalidades en el gremio: de las 2011 inspecciones realizadas en 2011 se ha pasado a las 6.548 de 2014, multiplicando por cien el número. Del mismo modo, se ha pasado de formular 308 denuncias por infracciones administrativas en 2011 a 17.070 el año pasado.

La escalada de investigaciones en la provincia no es nueva, toda vez que los años de la crisis dispararon la economía sumergida en la automoción, al tiempo que proliferaron las instalaciones con rebajas de hasta el 50%, aunque con menos garantías.

En 2013, se detectaron en Tarragona 45 talleres totalmente ilegales, a raíz de una inspección en 365 establecimientos catalanes, con un resultado de 1.025 infracciones leves. Las cifras cuantifican una deriva que se ha ido incrementando en los últimos tiempos y que ha ido moldeando el paisaje urbano: coches reparados en descampados, en situaciones semiclandestinas o, simplemente, en talleres que no cumplían los requisitos.

Las reparaciones en lugares privados, en chalets, o en garajes de adosados han sido también perseguidas y denunciadas. La casuística es muy diversa, y va desde el extrabajador de un taller que empieza a operar con unos amigos en un polígono remoto a puerta cerrada, hasta mafias que actúan de forma oculta. La coyuntura que aún colea es otra consecuencia más de la crisis: a más precariedad económica y menos recursos, más interés del consumidor en ahorrar en reparaciones buscando talleres mecánicos poco o nada legales.

 Competencia desleal

Carles Torras, secretario general de la Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya, es crítico: «Además de la situación ilegal, lo peor es la inseguridad vial que deriva de llevar el coche a según qué sitios. No hay garantías. Los precios son más bajos, sí, porque también se ahorran mucho al no pagar ciertas cosas».

Algunas voces denuncian que se trata de una competencia desleal que dinamita el mercado y perjudica al resto de profesionales. «Lo de ponerse a trabajar de forma ilegal o no legal del todo siempre ha existido. Luego algunos se daban de alta por fin y seguían funcionando. El problema es que ahora se ha disparado y nos afecta a muchos. Yo, por ejemplo, si ajusto mucho los precios puedo cobrar 115 euros por una revisión, mientras que otro señor que no esté regulado puede pedir 60 ó 70 euros, la mitad, y encima ganándose bien la vida», lamenta un mecánico tarraconense.

Emili Beltran, secretario de Astave (Associació Empresarial de Tallers de Reparació i Venedors d’Elements en Tarragona), también expone los peligros de acudir a este tipo de establecimientos: «El volumen de situaciones de ilegalidad viene dado por gente que trabaja a deshoras, en lugares escondidos al público. También tiene que ver con esas personas en situación de paro que hacen chapuzas. Todo esto genera no sólo problemas al sector sino a los propios usuarios. Se están haciendo verdaderas aberraciones de vehículos, intervenciones problemáticas, por ejemplo en casos de sistemas electrónicos, con perjuicios muy significativos. Abaratan precios pero eso acarrea unos riesgos elevadísimos».

Las quejas por parte de los profesionales son constantes, como indica este mecánico de Reus: «Hay instalaciones clandestinas pero también algunos que trabajan con la puerta abierta y lo hacen a plena luz del día. Al no tener infraestructura y no pagar impuestos, en principio pueden tener una mano de obra un 50% más barata y con ello se pueden ganar la vida perfectamente». Asimismo, denuncia que combatir este fenómeno sólo es posible con un seguimiento y actuaciones constantes:«Es una rueda y nunca se acaba de erradicar pese a las intervenciones que se hacen. Se cierra un local y en unos días vuelve a abrir en la calle de al lado».

raúl cosano
La Guardia Civil ha detectado este año en la provincia 24 talleres ilegales o con deficiencias, en el marco de la Operación Talleres Mecánicos, desarrollada recientemente junto con la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).
Esas inspecciones se han saldado con el cierre de ocho talleres en Tarragona, mientras que siete establecimientos subsanaron todas las irregularidades encontradas. Por otra parte, seis talleres arreglaron alguna de las deficiencias halladas mientras que tres no solventaron ninguna de las carencias detectadas.
En los últimos años la Guardia Civil ha puesto el foco en este tipo de actividades, con el objeto de hacer aflorar, además, una parte de la economía sumergida. Las cifras a nivel estatal ilustran la magnitud de la operación: se cifra en 10.000 los negocios que actúan al margen de las reglas del mercado, sin atender a los criterios técnicos de calidad de Industria y Consumo y sin cumplir las obligaciones con el Fisco, la Seguridad Social, acumulando un fraude de 230 millones anuales en impuestos y cerca de 112,5 millones en cotizaciones sociales por la actividad sumergida. 
Más de 17.000 denuncias
La llamada ‘Operación Talleres Mecánicos’ ha permitido en el último año cerrar clausurar cerca de 240 talleres ilegales y ha contribuido a que más de 1.000 subsanen sus deficiencias. Esa intervención originó más de 17.000 denuncias administrativas a establecimientos de reparación de vehículos, la mayoría de ellas (61,7%) por infracciones o delitos contra la normativa medioambiental en la gestión de residuos contaminantes. Otras cifras dan fe de cómo las autoridades se han empeñado en luchar contra las ilegalidades en el gremio: de las 2011 inspecciones realizadas en 2011 se ha pasado a las 6.548 de 2014, multiplicando por cien el número. Del mismo modo, se ha pasado de formular 308 denuncias por infracciones administrativas en 2011 a 17.070 el año pasado. 
La escalada de investigaciones en la provincia no es nueva, toda vez que los años de la crisis dispararon la economía sumergida en la automoción, al tiempo que proliferaron las instalaciones con rebajas de hasta el 50%, aunque con menos garantías. 
En 2013, se detectaron en Tarragona 45 talleres totalmente ilegales, a raíz de una inspección en 365 establecimientos catalanes, con un resultado de 1.025 infracciones leves. Las cifras cuantifican una deriva que se ha ido incrementando en los últimos tiempos y que ha ido moldeando el paisaje urbano: coches reparados en descampados, en situaciones semiclandestinas o, simplemente, en talleres que no cumplían los requisitos. 
Las reparaciones en lugares privados, en chalets, o en garajes de adosados han sido también perseguidas y denunciadas. La casuística es muy diversa, y va desde el extrabajador de un taller que empieza a operar con unos amigos en un polígono remoto a puerta cerrada, hasta mafias que actúan de forma oculta. La coyuntura que aún colea es otra consecuencia más de la crisis: a más precariedad económica y menos recursos, más interés del consumidor en ahorrar en reparaciones buscando talleres mecánicos poco o nada legales. 
Competencia desleal
Carles Torras, secretario general de la Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya, es crítico: «Además de la situación ilegal, lo peor es la inseguridad vial que deriva de llevar el coche a según qué sitios. No hay garantías. Los precios son más bajos, sí, porque también se ahorran mucho al no pagar ciertas cosas». 
Algunas voces denuncian que se trata de una competencia desleal que dinamita el mercado y perjudica al resto de profesionales. «Lo de ponerse a trabajar de forma ilegal o no legal del todo siempre ha existido. Luego algunos se daban de alta por fin y seguían funcionando. El problema es que ahora se ha disparado y nos afecta a muchos. Yo, por ejemplo, si ajusto mucho los precios puedo cobrar 115 euros por una revisión, mientras que otro señor que no esté regulado puede pedir 60 ó 70 euros, la mitad, y encima ganándose bien la vida», lamenta un mecánico tarraconense. 
Emili Beltran, secretario de Astave (Associació Empresarial de Tallers de Reparació i Venedors d’Elements en Tarragona), también expone los peligros de acudir a este tipo de establecimientos: «El volumen de situaciones de ilegalidad viene dado por gente que trabaja a deshoras, en lugares escondidos al público. También tiene que ver con esas personas en situación de paro que hacen chapuzas. Todo esto genera no sólo problemas al sector sino a los propios usuarios. Se están haciendo verdaderas aberraciones de vehículos, intervenciones problemáticas, por ejemplo en casos de sistemas electrónicos, con perjuicios muy significativos. Abaratan precios pero eso acarrea unos riesgos elevadísimos».
 Las quejas por parte de los profesionales son constantes, como indica este mecánico de Reus: «Hay instalaciones clandestinas pero también algunos que trabajan con la puerta abierta y lo hacen a plena luz del día. Al no tener infraestructura y no pagar impuestos, en principio pueden tener una mano de obra un 50% más barata y con ello se pueden ganar la vida perfectamente». Asimismo, denuncia que combatir este fenómeno sólo es posible con un seguimiento y actuaciones constantes:«Es una rueda y nunca se acaba de erradicar pese a las intervenciones que se hacen. Se cierra un local y en unos días vuelve a abrir en la calle de al la

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