La Junta Electoral ordena retirar 42 esteladas de 36 municipios

Diversas juntas electorales de Catalunya han respondido afirmativamente a la petición de Societat Civil Catalana de que se retiren las esteladas de espacios y edificios públicos. En total la medida afecta a 104 banderas independentistas, de ellas 42 en Tarragona izadas en 36 municipios (ver listado en la pág. siguiente).La que ondeaba en el parque de omberos de Reus ya ha sido retirada.

La entidad unionista había transmitido un listado con «446 ubicaciones ilegales correspondientes a 340 municipios». En la demarcación han respondido afirmativamente las juntas electorales de Reus, Tarragona, Tortosa y El Vendrell.

Sobre las juntas que no se han pronunciado, SCC reclama que lo hagan, y en la línea de lo que el Tribunal Supremo dictó en su momento: que la estelada no es oficial y no pueden usarla las administraciones ni los espacios de titularidad pública ni los edificios oficiales. Esta misma polémica ya se suscitó durante la campaña de las elecciones del 20-D.

SCC explica que las juntas de Girona, Santa Coloma de Farners y Vilanova y la Geltrú «no han extendido la prohibición de exhibir banderas ilegales y partidistas», por lo que SCC ha presentado un recurso ante las juntas electorales provinciales de Barcelona y Girona.

En la resolución de la junta de El Vendrell, se recoge que los ayuntamientos en cuestión tienen 48 horas para proceder a las retirada de las banderas independentistas y les advierte que, si no lo hacen, podrían «incurrir en un delito de desobediencia».

La junta de El Vendrell recuerda una sentencia del Tribunal Supremo que considera que «la objetividad y neutralidad de la Administración deben vincularse con el principio de legalidad y de interdicción de la arbitrariedad, agudizándose la exigencia de neutralidad en período electoral al ser uno de los instrumentos para hacer efectivo el sufragio libre e igualitario. Rechaza que el adjetivo partidista en este contexto deba interpretarse como perteneciente a un partido político, sino como incompatible al deber de neutralidad, considerando que esa bandera no se identifica con la comunidad de ciudadanos en su conjunto, al ser un símbolo de reivindicación independentista de parte de los catalanes, estimando partidista su uso».

La entidad contraria al soberanismo considera que esta decisión de las juntas es «una victoria del Estado de derecho, un reconocimiento de la separación de poderes y una muestra más de la utilización que los partidos secesionistas pretenden hacer de las instituciones públicas».