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Tres horas después de vivir la votación en la cámara europea, la comitiva de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) se trasladó a la cercana sede de la Comisión Europea en Bruselas para registrar una queja, similar a la presentada en noviembre de 2014, contra el plan hidrológico del Ebre 2015-2021.
La demanda administrativa se une, de este modo, al informe del Parlamento Europeo y ejerce mayor presión a la máxima autoridad europea, que por su parte debe iniciar en breve la evaluación sobre la bondad del plan. Y en concreto, analizar si existe o no incumplimientos en las directivas europeas sobre Agua, Hábitats y Aves.
El próximo mes de octubre debería tener listo el trabajo y, si así lo decide, recomendar al Gobierno español la necesaria revisión del plan de cuenca para adaptarse a la normativa europea. Si España desoye la petición, la Comisión Europea podría abrir un procedimiento de infracción al Estado a principios de 2017, detalló el eurodiputado y ponente del informe sobre el plan, Pál Csáky.
La portavoz de la plataforma, Susanna Abella, justificó la presentación de la nueva queja por los incumplimientos «sistemáticos» del Gobierno de Rajoy. «No ha hecho cambios sustanciales en la planificación hidrológica y no ha tenido en cuenta las recomendaciones que le hizo Bruselas en marzo de 2015», insistió.
La queja incide en la vulneración de las tres directivas señaladas, la previsión de centenares de miles de nuevas hectáreas de regadío –hasta un 47 por ciento más– y el desarrollo de 50 nuevos embalses, «lo que reducirá en casi un 60 por ciento las aportaciones naturales en el tramo final del río».
No sólo eso, estas previsiones incrementarían la contaminación difusa en la cuenca y provocaría un mayor consumo de agua. «Existe la certeza, además, de que el 95 por ciento de los sedimentos que arrastra la cuenca se retienen en los embalses. Si se desarrollan nuevas presas, se agravará el problema y afectará aún en mayor medida espacios sensibles del delta del Ebre protegidos en una red europea de espacios naturales», señaló la portavoz.
La primera queja a la misma institución, presentada en 2014, fue archivada un año después, no sin antes incluir sus principales argumentos en un informe de recomendaciones a España.
