La banca afronta ahora la nulidad de desahucios de hipotecas con suelo

José M. Camarero

Para rizar aún más el rizo del conflicto de las hipotecas, a las entidades financieras que aplicaron cláusulas suelo en parte de sus préstamos se les abre un nuevo frente judicial si ejecutaron en su momento esas viviendas como consecuencia del impago de sus titulares. Porque a la devolución de las cantidades cobradas de más por la limitación de los tipos se puede unir una anulación de ese desahucio, al estar ligado a una hipoteca con condiciones consideradas abusivas por parte del Tribunal de Luxemburgo.

Un juzgado de primera instancia de Barcelona forma parte del grupo de tribunales que ya se encuentran tramitando las demandas de clientes afectados por esta circunstancia. En este caso, se trata del usuario de una antigua caja de ahorros a quien se le aplicaba la cláusula suelo y al que se le acabó arrebatando su inmueble como consecuencia de la morosidad acumulada. Además, fuentes de otras entidades han confirmado a este diario la recepción de este tipo de denuncias.

Es posible que parte del millón y medio de ciudadanos salpicados por las cláusulas suelo podrían haber sido protagonistas de alguna de las más de 500.000 ejecuciones practicadas entre los años 2011 y 2016, según los últimos datos del Consejo del Poder Judicial.


Posible compensación
Al verse despojados de su vivienda, estos hipotecados argumentan ahora que al aplicar la nulidad de los suelos, por razones como la falta de transparencia, «la propia ejecución hipotecaria también puede ser considerada nula», sostiene Gregori Ferrer, uno de los abogados que lleva un caso en Catalunya.

Aunque, una vez llegado el caso de que algún juez anulara una ejecución hipotecaria sería complejo que le restituyera la vivienda al propietario -porque ya podría haber sido adjudicada por la corporación a otro titular-, los despachos de abogados consultados indican que la banca podría enfrentarse a la posibilidad de indemnizarles por el valor inmobiliario que se determine en cada caso.

También sostienen que el banco tendría que devolver las costas asociadas al desahucio, que suponen en torno a un 10% del proceso. Y, en cualquier caso, si se consigue esa anulación, los letrados consideran que «se puede solicitar una compensación por daños y perjuicios», sostiene Ferrer.

El de los desahucios es el último de los flecos que quedan sin resolver tras la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que instaba a la retroactividad total de los suelos hipotecarios. Las demandas de los propietarios sin vivienda se unen a las de otros colectivos, como aquellos que ya han liquidado su crédito inmobiliario con su banco, pero que se vieron perjudicados por estas limitaciones de intereses; o quienes pagaron comisiones por descubierto y se les aplicó intereses de demora al no poder abonar unas cuotas superiores a lo que debían ser.


El sector se defiende
Sin embargo, desde las entidades financieras consultadas insisten en que el sector se enfrenta a un «espectáculo» y una «persecución» que puede dañar sus estructuras. Aunque son muchas las demandas a las que se enfrentan actualmente, la mayor parte de los grupos bancarios recuerdan que la mayoría de esos casos derivan en sentencias de tribunales de primera instancia y confían en que cuando lleguen a instancias superiores, como los Tribunales Superiores o el Supremo, no tengan recorrido jurídico.

Las corporaciones financieras sí muestran una mayor preocupación con fallos como el del juzgado mercantil número 10 de Barcelona por el que anulaba por abusiva la cláusula que obligaba a entregar la vivienda al banco por no pagar los recibos hipotecarios. Se trata de una puerta abierta a la dación en pago, una circunstancia que sí atemoriza de verdad al sector.

n Segundo intento fallido para ofrecer una solución rápida, como habían indicado desde el Ministerio de Economía, a los afectados por la retroactividad total de las cláusulas suelo. El departamento que dirige Luis de Guindos paralizó el proyecto con el que se iba a presentar hoy en el Consejo de Ministros, que habilitaba una fórmula extrajudicial para resolver en tres meses las devoluciones de las cantidades cobradas de más por la banca a los hipotecados.

El motivo vuelve a ser la negociación política, clave para poder sacar adelante el proyecto. El Gobierno necesita validarlo en el Congreso con el apoyo del PSOE, además del de Ciudadanos. Así lo han reconocido fuentes de Economía, después de que algunos responsables del partido socialista mostraran sus reticencias al texto propuesto por el Ejecutivo. Además, el Ministerio de Economía afirma que es necesario pedir un dictamen al Banco Central Europeo (BCE) porque se trata de una cuestión que afecta al sistema financiero. Aunque en ningún caso su opinión será vinculante.

El Gobierno paraliza por segunda vez en dos semanas la posibilidad de aprobar una herramienta que esperan los millones de afectados por las cláusulas suelo para saber cómo recuperar su dinero. En el primer intento, en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre, se frenó la propuesta, al tratarse de un código de buenas prácticas al que la banca podía adherirse voluntariamente. Ello provocó resquemor entre las entidades, porque quedarían retratadas si no se sumaban.


Flexibilidad al sector
El texto que hoy iba a aprobar el Ejecutivo sí era del agrado de la banca, según indican fuentes cercanas a la negociación. El Gobierno iba a dejar en el aire la recuperación total de las cantidades que cada usuario debería obtener en este proceso. En primer lugar, porque ofrecía la flexibilidad suficiente como para que cada banco determinase la cantidad a devolver a los clientes: podría tratarse del capital, los intereses o ambos conceptos. Si el cliente no estaba de acuerdo, entonces debía acudir a la vía judicial.

Desde la organización de consumidores Adicae se mostraban contrarios a la posibilidad de que el banco no tuviera que informar «de oficio» a cada usuario sobre la aplicación de los suelos, así como las cantidades vinculadas a los mismos, y tuvieran que ser los ciudadanos los que reclamaran.

La intención de Economía era desincentivar las demandas judiciales. Para ello, el consumidor no tendría derecho a obtener a su favor una concena en costas si rechazaba la oferta efectuada por su banco e interponía una demanda en la que no tuviese un fallo más favorable que la propuesta de la entidad. Al mismo tiempo, se pretendían disuadir las demandas colectivas de los grandes bufetes.