Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

La banca debe siete millones a las comunidades de vecinos

El 21,6% de la morosidad en las escaleras tarraconenses es de entidades bancarias, que siguen adjudicándose pisos y no pagan. Baja el deudor profesional y sube aún más el accidental
Whatsapp
Los impagos ahogan a las comunidades de vecinos de toda la provincia. Foto: Lluís Milián

Los impagos ahogan a las comunidades de vecinos de toda la provincia. Foto: Lluís Milián

La morosidad se recrudece en el rellano. El balance de impagos en las comunidades de vecinos sigue empeorando. En 2014, las deudas en los vecindarios tarraconenses aumentaron un 1,13%, alcanzando los 32.360.000 euros. De esa cantidad, un 21,6%, alrededor de siete millones de euros, constituyen morosidad por parte de las entidades bancarias, que continúan adjudicándose inmuebles y demorando los pagos.

La provincia no es ajena a una dinámica general de incrementos. La morosidad alcanza en España los 1.854,71 millones de euros, después de una subida del 3,15%, según la cuarta entrega del estudio del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. En Catalunya, la cifra ha subido un 1,18%, hasta llegar a los actuales 288,35 millones.

Tres tipologías de morosos

Los impagos o las demoras han configurado unos paisajes de bloques sumidos, en algunos casos, en la decadencia y la dejadez. La precaria situación económica de las familias hace que el 37,7% de los propietarios en los edificios catalanes no puedan asumir derramas. Ahí está la principal tipología de moroso. Los deudores mayoritarios son aquellos denominados como accidentales, esto es, los que no abonan sus cuotas por problemas económicos. Por primera vez superan el 50%, situándose en el 51% (en 2013 el porcentaje era del 46%, por lo que ha habido una subida de un 5%).

A ese grupo le siguen las entidades financieras, sociedades inmobiliarias y entidades públicas de gestión, con un 24% (en 2013 el porcentaje era del 19%, registrándose un incremento del 5%).

En el caso de la banca, se trata más de retrasos por cuestiones burocráticas que de un posicionamiento voluntario de no pagar. «La entidad tarde o temprano tendrá que pagar. Lo malo es cuando estás en ese impass en el que el banco se queda la propiedad y a veces no la registra o está en mitad de esos trámites que alargan el procedimiento», relata Esteve Martí, presidente del Col·legi de Finques de Tarragona.

Por último, aparecen los morosos intencionales o profesionales, aquellos deudores clásicos, los de toda la vida, que no pagan aunque sí puedan hacerlo. Según el balance, han bajado un 10%, pasando del 35 al 25%. «La situación sigue sin mejorar, sobre todo porque continúa habiendo mucho paro. Hay muchas obras que no se pueden hacer o que se retardan, porque a lo mejor la mayor parte de vecinos de un edificio no pagan», indica Martí.

Sin previsión de mejoras

No hay perspectivas de mejora. «Referente al ejercicio 2015, y ante los datos del segundo trimestre, previsiblemente la deuda sufra un ligero incremento. No obstante, la recuperación de la deuda ya existente seguirá generando problemas económicos en los próximos años a las comunidades», sostiene el informe.

Ascensores sin funcionar, goteras, suciedad o jardines descuidados en zonas de segundas residencias están a la orden del día. A eso se añade una degradación de los entornos y de la propia convivencia vecinal, a pesar de los intentos de muchos inquilinos por mantener a flote el buen estado del bloque en cuestión. A veces son los propios vecinos los que se encargan de la limpieza y de acometer las reformas más imprescindibles. Las comunidades llevan tiempo organizándose para sobrevivir con los mínimos fondos.

Viviendas degradadas

El Observatorio de Comunidades de Propietarios alerta de la imposibilidad de asumir, en muchos casos, cualquier tipo de rehabilitación, y lo que ello comporta: «Es importante señalar que del parque de más de 25 millones de viviendas que hay en España, la mitad tiene más de 30 años y una quinta parte más de 50. Alertamos del grave problema que supone incrementar la presión sobre la liquidez de los vecinos. Se hace necesario un esquema de subvenciones públicas adecuado, créditos bancarios a bajo interés y una mayor colaboración entre las empresas de rehabilitación, los propietarios de las viviendas y las distintas administraciones públicas».

Los ejemplos de bloques morosos se reparten por toda la provincia. En un edificio de la calle Cardenal Cervantes la deuda roza los 5.000 euros. En otro, en pleno centro de Tarragona, la factura pendiente de la comunidad supera los 12.000 euros. En el número 1 de la calle Tortosa, en el barrio de Torreforta, se deben unos 3.000 euros. Y no es sólo cuestión de centro modesto o de periferia. En una urbanización de Vilafortuny, la morosidad vecinal, responsabilidad básica de un promotor que no vendió lo esperado, ha llegado a ser de 90.000 euros durante estos años. Promociones caras levantadas en 2006 o 2007 vendidas en Sant Pere i Sant Pau también padecen problemas de este tipo. «Luchamos para no llegar a situaciones drásticas en las que haya que cortar los servicios. Hay casos de preavisos», afirma un administrador de fincas de Tarragona.

La mediación, el diálogo y el papel de intermediarios como los administradores es vital para evitar, en la medida de lo posible, acudir a la vía judicial. En algunos casos, las personas que tienen voluntad de pagar pero no pueden hacerlo proponen encargarse de la limpieza o la jardinería para así compensar su deuda con la comunidad, en una especie de trueque. El periodo medio de cobro por parte de las comunidades se ha mantenido prácticamente igual que en 2013, oscilando entre los 118 y 220 días como media enre los distintos territorios (frente a los 114 y 220 días del año anterior). La media estatal ha bajado de los 176 días a los 169.

Para combatir la morosidad creciente, la nueva ley 5/2015 de modificación del libro quinto del Código Civil de Catalunya que trata sobre el régimen jurídico de la propiedad horizontal (comunidades de vecinos) contempla medidas como establecer un interés por el pago de cuotas.

La legislación permite que los mayores de 70 años pueden forzar a la comunidad a suprimir las barreras arquitectónicas o a instalar un ascensor aunque el resto de propietarios se oponga. La ley, en vigor desde el 20 de junio, extiende el derecho a las personas que convivan con el propietario o trabajen en el inmueble. El coste de las obras «razonables y proporcionadas» va a cargo de todos los vecinos sin excepción. Sin embargo, aunque la ley ampare al vecino, si este halla oposición primero deberá pasar por un proceso judicial. Aunque el juez le dé la razón, si no hay dinero, no se podrán ejecutar las obras o la intervención necesaria. Esta reforma de la ley de 2006 fue impulsada por el Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona.

Temas

  • TEMA DEL DÍA

Comentarios

Lea También