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Ciudadanos dio ayer la que puede ser la estocada definitiva a la comisión para la evaluación del sistema autonómico, la gran apuesta con la que el PSOE pretendía abrir paso a una reforma en profundidad de la Constitución para, entre otras cosas, abordar el encaje de Cataluña en España.
«Empezó mal y va a acabar peor; es más, para nosotros -anunció Albert Rivera en la habitual intervención de los martes ante su grupo parlamentario -ha acabado ya».
La formación liberal deja el grupo de trabajo, en el que ya solo quedan PP, PSOE, UPN y Compromís, tras tan sólo dos meses y medio de comparecencias. Y, según justificó su presidente, lo hace porque los socialistas se han negado a llamar a exaltos cargos del PSOE que no comparten el discurso territorial de Pedro Sánchez y de la actual ejecutiva.
Es el caso del exvicepresidente Alfonso Guerra, el expresidente de Castilla-La Mancha y del Congreso José Bono, el expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra o el expresidente del Senado Juan José Laborda. «Personas -adujo Rivera- que han hecho mucho por este país».
Los socialistas se niegan a llamar a exaltos cargos que no comparten el discurso de Pedro SánchezEl líder de Ciudadanos alegó que su partido estará en una reforma constitucional «seria» para impulsar cambios institucionales, garantizar derechos sociales, aclarar las competencias autonómicas y del Estado, eliminar aforamientos o reformar el Senado, pero añadió que la comisión territorial -una concesión de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez a cambio de su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña- no es el foro adecuado para llevarla a cabo.
«Para legitimar la nación de naciones y las ocurrencias de Sánchez -instistió- no estaremos».
Ni el PSOE ni el PP dieron por buenas sus razones. Ambos consideran que Rivera se ha buscado una excusa para lograr protagonismo. El portavoz popular, Rafael Hernando, aseguró incluso que en ningún momento se ha vetado la comparecencia de los socialistas críticos con el modelo autonómico que propugna Sánchez y que serán llamados «en su momento».
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, argumentó que el problema está en que Albert Rivera sigue «la mejor herencia de Aznar o del grupo político Vox».
«Está jugando a la confrontación entre territorios, o sea, entre ciudadanos, en lugar de proponer soluciones a los problemas reales como estamos haciendo otras fuerzas políticas», reprochó.
Lastra dejó claro además que, pese a la marcha de Ciudadanos, la comisión seguirá trabajando. En principio, las sesiones deberían prolongarse al menos hasta junio, aunque hay en torno a 200 comparecencias solicitadas y no todas podrán llevarse a cabo.
