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La gestión de la fase postcrisis marcará la agenda parlamentaria los próximos meses. El coronavirus ha dejado a su paso devastadoras consecuencias sociales, laborales y económicas y todos los grupos trabajan en aras de la recuperación en la comisión parlamentaria creada para tal fin. De respetarse el planteamiento inicial propuesto por el PSOE y Unidas Podemos, las conclusiones deberían aprobarse y elevarse al pleno del Congreso en la primera quincena de julio. Formaciones como el PP, el PNV, CC o JxCat ya han expresado su «escepticismo» respecto a los plazos, y han acusado a socialistas y morados de utilizar la comisión para imponer su programa gubernamental.
En los próximos días se espera además que los populares presenten una solicitud para crear una comisión de investigación sobre la gestión del Ejecutivo durante la pandemia. El Ejecutivo buscará neutralizar la iniciativa del principal partido de la oposición con la creación de una comisión de evaluación entre el Congreso y el Senado, que examine no solo sus decisiones durante la epidemia sino las adoptadas por gobiernos anteriores. «Hay que evaluar qué ha ocurrido durante estos años, por qué España no estaba preparada para hacer frente a una pandemia de estas características», defendió Sánchez el pasado martes en la Cámara Alta.
En todo caso, la comisión que se cree no empezará a trabajar hasta septiembre, salvo que finalmente se habiliten los meses de julio y agosto como ya han propuesto PP, Vox y Cs. Desde la dirección de la Cámara Baja insisten en que no es necesario, ya que esos dos meses la Diputación Permanente está facultada para habilitar comisiones y plenos.
Sin duda, la cita clave en el Congreso llegará en octubre. Para entonces el Gobierno confía en haber forjado una mayoría que le permita sacar adelante los Presupuestos del Estado para 2021. Una partida que el Ejecutivo va a librar en paralelo a la del fondo europeo de recuperación, y de la que depende el futuro de la legislatura.
Denominador común
Con la aritmética parlamentaria en contra, la apuesta de Pedro Sánchez es contar con el apoyo de los partidos que en enero votaron a favor de su investidura, con el añadido de Ciudadanos. Una combinación difícil porque la presencia de los liberales incomoda a ERC, que insta al presidente a elegir un camino u otro.
El pasado martes, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, apeló a buscar un «denominador común» que permita aglutinar en torno a las cuentas públicas al mayor número de fuerzas posibles, admitiendo que algunos de los puntos acordados a finales del pasado año entre el PSOE y Unidas Podemos podrían ser revisados, ya que la pandemia ha modificado el escenario por completo. «Si uno es serio y quiere poner solución a los problemas económicos y sociales del país, tiene que mirar atentamente la realidad. Y si eso supone alguna modificación de lo que se había hablado, pues hay que acometerla», reconoció por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
En estos más de tres meses que ha durado el estado de alarma, el Consejo de Ministros ha pisado el acelerador para aprobar el ingreso mínimo vital, que incluso ha sido avalado sin ningún voto en contra por el Parlamento, y la ley de protección a la infancia, dos de las medidas estrella recogidas en el acuerdo de Gobierno. Sin embargo, la necesidad de adaptar la elaboración de los Presupuestos a las nuevas previsiones económicas y a las condiciones que impongan unos partidos y otros, obligará al Ejecutivo a reorganizar sus prioridades, con lo que algunas de sus iniciativas de gran calado político, como la derogacion de la ley mordaza, pueden sufrir demora.
