El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
Juegos
Dos meses después de anunciar sus intenciones, el Gobierno socialista parece haber dado al fin con la fórmula jurídica para trasladar los restos de Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos. Lo hará mediante un decreto ley que modificará la Ley de Memoria Histórica.
El objetivo es blindar la exhumación para que la familia del dictador no pueda bloquearla en los tribunales, ya que solo podrían recurrir la reforma 50 diputados o senadores y el Defensor del Pueblo. Cualquiera de estas posibilidades es del todo improbable.
Se evitaría de este modo que se repita lo ocurrido con el general José Sanjurjo. Un juzgado de Pamplona avaló que se sepulte de nuevo al militar golpista en la cripta del Monumento a los Caídos de la capital navarra, de donde fue trasladado por orden del ayuntamiento.
Fuentes de la Moncloa avanzaron que el decreto ley se incluirá hoy en el orden del día del Consejo de Ministros del viernes, el primero tras el parón estival. No se espera que la reforma de la Ley de la Memoria Histórica sea de calado, pero sí suficiente para blindar la exhumación.
El siguiente paso será la aprobación en el Congreso. En el Gobierno se tiene la absoluta confianza de que su iniciativa saldrá adelante, toda vez que el 11 de mayo de 2017 la Cámara Baja ya instó al Gobierno, entonces presidido por Rajoy, a trasladar los restos del dictador con 198 votos a favor y ninguno en contra.
El nuevo periodo de sesiones se abre a mediados de septiembre, por lo que Franco permanecerá en el monumento que ordenó levantar en la sierra madrileña al menos durante unas semanas más.
La oposición de la familia ha obligado al Ejecutivo a actuar con cautela y alargar más de lo que hubiera querido una promesa dirigida al electorado de izquierda que habría preferido cumplir en menor tiempo.
Uno de los nietos, Francis Franco, valoró ayer la situación en declaraciones Europa Press: «Las cosas se hicieron en su momento y ahora, cuando ya la gente que hizo la guerra y conoció lo que es eso se ha muerto, es oportunista y propagandístico el querer tomarse una revancha 42 años después, cuando no va a haber nadie que se oponga, obviamente, porque a nadie le importa esto, más que, parece ser, al Gobierno», dijo, antes de añadir que con el Ejecutivo «no hay nada que hablar» y que la familia tomará una decisión cuando corresponda.
Por su parte, ERC advirtió ayer al Gobierno que su apoyo al decreto ley depende de que el Ejecutivo se comprometa a anular las sentencias del franquismo, y especialmente la condena a muerte dictada el expresident catalán Lluís Companys, fusilado en octubre de 1940.
